En Chihuahua, la lucha por el agua se intensifica. Productores agrícolas y legisladores locales han alzado la voz para impedir que se extraiga agua de las presas del estado, como La Boquilla y El Granero, para cumplir con el Tratado de Aguas de 1944, ahora vinculado a presiones del T-MEC. La decisión, impulsada desde el gobierno federal, ha desatado una ola de críticas en la región.
La sequía extrema que azota Chihuahua ha dejado a las presas en niveles críticos. La Boquilla está al 15 por ciento de su capacidad, mientras que Las Vírgenes apenas alcanza el 12 por ciento. A pesar de estas condiciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores insiste en entregar agua a Estados Unidos, lo que productores consideran un duro golpe al campo local.
Mariano Jáquez, productor de San Francisco de Conchos, ha denunciado que el ciclo agrícola ya está cerrado, por lo que extraer agua sería injustificado. Según él, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) había confirmado que no se sacaría más agua de las presas, incluso si llegaran lluvias. Esta contradicción ha generado desconfianza entre los agricultores.
El diputado federal Tony Meléndez también ha cuestionado la urgencia del gobierno federal por cumplir con el tratado. Advirtió que vaciar las presas podría causar daños estructurales a los embalses, además de agravar la crisis hídrica. Recordó que el plazo para el pago del tratado vence en octubre, con posibilidad de prórroga, lo que hace innecesaria la premura.
Por su parte, el senador Mario Vázquez ha propuesto una reforma constitucional para proteger la soberanía hídrica de México. Desde el Senado, insiste en que el agua embalsada pertenece a los productores mexicanos y no debe usarse para cumplir compromisos internacionales, especialmente en un contexto de sequía severa.
La situación recuerda el conflicto de 2020, cuando productores de Chihuahua se enfrentaron a autoridades federales por el mismo tema. Aquel episodio dejó una persona fallecida y profundas divisiones sociales. Ahora, los chihuahuenses temen que la historia se repita si el gobierno no reconsidera su postura.
Legisladores locales, como Arturo Medina del PRI, han acusado al gobierno federal de ser “enemigo del campo chihuahuense”. Señalan la falta de apoyos para enfrentar la sequía, la eliminación de subsidios a la energía eléctrica y la cancelación de programas como Financiera Rural como agravios contra los productores.
La presión internacional no se queda atrás. Las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles si México no cumple con el tratado han avivado el debate. Sin embargo, los chihuahuenses sostienen que el agua de sus presas es vital para su supervivencia y no debe sacrificarse por presiones externas.
Mientras tanto, la región agrícola de Chihuahua, que depende de los distritos de riego 005 y 090, enfrenta un futuro incierto. Sin agua suficiente, el ciclo agrícola de 2025 podría colapsar, dejando a miles de familias sin sustento. La batalla por el agua apenas comienza.