La Fiscalía General de la República ha anunciado que presentará una denuncia penal contra la jueza federal Jovita Vargas Alarcón, a quien acusa de otorgar una escandalosa protección al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. La FGR señala que la impartidora de justicia actuó de manera parcial al favorecer al político, quien enfrenta graves acusaciones por desvío de recursos públicos.
Aureoles, exmandatario michoacano entre 2015 y 2021, está señalado por presuntos delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Según la Fiscalía, estas irregularidades están relacionadas con la compra a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil en Michoacán, lo que habría causado un daño patrimonial superior a los 3 mil 400 millones de pesos.
El conflicto judicial se centra en una audiencia programada para el 9 de mayo, donde Aureoles debía comparecer personalmente ante el juzgado. Sin embargo, el exgobernador no se presentó, y la jueza Vargas Alarcón lo dio por comparecido basándose en un escrito no ratificado. Esta decisión ha sido calificada por la FGR como una acción irregular y dilatoria.
La Fiscalía argumenta que la jueza violó el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que una nueva audiencia debe programarse en un plazo máximo de 15 días. En lugar de ello, Vargas Alarcón fijó una nueva cita para el 20 de agosto, lo que la FGR considera un intento de retrasar el proceso y proteger al exgobernador.
Además de la denuncia penal, la FGR ha informado que presentará una queja procesal contra la jueza ante el Consejo de la Judicatura Federal. La Fiscalía sostiene que no existe justificación legal para la no comparecencia de Aureoles y que la orden de aprehensión en su contra debió ratificarse, en lugar de mantenerse suspendida.
El caso de Silvano Aureoles ha generado controversia desde marzo pasado, cuando se emitió una orden de aprehensión en su contra. Desde entonces, el exgobernador permanece prófugo, y la Interpol ha emitido una ficha roja para su localización. Cuatro de sus excolaboradores ya han sido vinculados a proceso por los mismos delitos, todos bajo prisión preventiva.
Las acusaciones contra Aureoles se centran en contratos otorgados a la Inmobiliaria DIP, una empresa que, según la FGR, fue beneficiada con adjudicaciones directas para la construcción y mantenimiento de siete cuarteles en Michoacán. Estos contratos, firmados durante su administración, habrían generado un sobrecosto millonario en perjuicio del erario público.
La FGR ha reiterado su compromiso de combatir la corrupción y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia. Mientras tanto, el caso de Aureoles sigue en el centro del debate público, con críticas hacia el Poder Judicial por las decisiones que han permitido al exgobernador evadir, hasta ahora, la acción de la justicia.