En un operativo que sacude a Guerrero, agentes federales arrestaron a Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado. La acusación es grave: ordenó la destrucción de videos clave que podrían haber esclarecido la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. Este caso, uno de los más oscuros en la historia reciente de México, sigue generando indignación y demandas de justicia.
La detención tuvo lugar en Chilpancingo, en la colonia Ruffo Figueroa, donde la exmagistrada fue capturada por elementos de la Comisión Nacional contra el Secuestro. Según reportes, Galeana Marín fue trasladada en ambulancia debido a un supuesto cuadro de hipertensión, pero esto no impidió que se cumpliera la orden de aprehensión en su contra. Las autoridades federales no dieron tregua en este caso que lleva años exigiendo respuestas.
El cargo contra Lambertina Galeana Marín se centra en la eliminación de grabaciones de seis cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, captadas la noche del 26 de septiembre de 2014. Estos videos eran evidencia crucial para entender qué pasó con los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Su destrucción ha sido señalada como un intento deliberado de encubrir a los responsables de este crimen que conmocionó al país.
La desaparición de los 43 normalistas sigue siendo una herida abierta. Aquella noche, los estudiantes fueron interceptados por policías municipales de Iguala y, según investigaciones, entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. La versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto, que aseguraba que los jóvenes fueron incinerados en un basurero de Cocula, fue desmentida por peritos independientes y organismos internacionales, lo que alimentó la desconfianza en las instituciones.
Este arresto marca un nuevo capítulo en la búsqueda de verdad y justicia. Desde 2014, la presión de los familiares y organizaciones de derechos humanos no ha cesado. La detención de Galeana Marín se suma a otras acciones recientes, como la captura de exfuncionarios y miembros de Guerreros Unidos, aunque las respuestas definitivas sobre el paradero de los normalistas aún no llegan.
El caso Ayotzinapa ha sido calificado como un crimen de Estado, con la participación de autoridades de diversos niveles. La Comisión para la Verdad, creada en 2018 bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha señalado la colusión entre policías, militares y grupos criminales. Sin embargo, la falta de avances concretos ha generado críticas hacia las promesas incumplidas de esclarecer el caso.
La detención de la exmagistrada también pone bajo la lupa al Poder Judicial de Guerrero, donde Galeana Marín ocupó un puesto de alto perfil. Su presunta implicación refuerza las acusaciones de encubrimiento institucional que han marcado esta tragedia. Organismos de derechos humanos han aplaudido el arresto, pero insisten en que no basta con capturas individuales: se necesita justicia integral.
Mientras tanto, en Guerrero, la inseguridad y la impunidad siguen siendo una constante. El caso Ayotzinapa es un recordatorio de las fallas estructurales en el sistema de justicia y seguridad. Cada detención revive la esperanza de las familias, pero también la frustración por la lentitud de las investigaciones.
La sociedad mexicana no olvida a los 43. Las protestas, plantones y marchas continúan exigiendo que se sepa la verdad. La captura de Lambertina Galeana Marín es un paso, pero el camino hacia la justicia está lejos de terminarse. El clamor sigue siendo el mismo: vivos se los llevaron, vivos los queremos.