La reforma a la Ley de Telecomunicaciones propuesta por el gobierno de Claudia Sheinbaum ha desatado una tormenta de críticas. En el centro de la controversia está el artículo 109, que otorgaba a la Agencia de Transformación Digital la facultad de bloquear plataformas digitales. Opositores y organizaciones civiles denunciaron que esta medida abría la puerta a la censura en redes sociales y medios digitales.
El artículo 109 permitía a las autoridades solicitar el bloqueo temporal de plataformas como Facebook, YouTube o X sin una orden judicial clara. Según el dictamen, la Agencia de Transformación Digital decidiría los lineamientos para estos bloqueos, lo que generó temores de decisiones arbitrarias. La oposición, encabezada por partidos como el PRI y el PAN, calificó la medida como un “autoritarismo digital” que amenaza la libertad de expresión.
Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19 alertaron que el artículo violaba principios constitucionales. Compararon el bloqueo de plataformas digitales con el cierre de estaciones de radio o televisión, una acción que contraviene la prohibición de censura previa establecida en la Constitución mexicana. Estas críticas resonaron en redes sociales, donde usuarios acusaron al gobierno de intentar controlar la narrativa digital.
Ante la presión, Claudia Sheinbaum anunció que el artículo 109 será eliminado de la reforma. En su conferencia matutina, la presidenta negó que el objetivo fuera censurar y aseguró que la ley busca conectar a los mexicanos, no silenciarlos. Sin embargo, sus palabras no han calmado las dudas, ya que la iniciativa original fue enviada desde el Ejecutivo, lo que pone en entredicho su narrativa de “error de redacción”.
José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, defendió la reforma en un intento de apagar el incendio. Según Merino, la ley pretende fortalecer la competencia, recuperar el derecho de las audiencias y apoyar a las radios comunitarias. Sin embargo, no explicó por qué el artículo 109 fue incluido en primer lugar ni cómo se garantizará que no se repitan intentos similares en el futuro.
La oposición no baja la guardia. Senadores como Ricardo Anaya y Manuel Añorve han señalado que la reforma aún contiene otros artículos preocupantes, como el 8, que propone un registro de usuarios móviles, y el 161, que permite apagones de internet por “seguridad pública”. Estos puntos, según críticos, podrían vulnerar la privacidad y los derechos digitales de los ciudadanos.
El Senado decidió pausar la discusión de la ley para abrir un diálogo con especialistas y representantes del sector. Sheinbaum ha prometido que la reforma se ajustará para evitar malentendidos, pero la desconfianza persiste. La ciudadanía y las organizaciones civiles exigen transparencia y garantías de que el gobierno no buscará controlar el espacio digital.
Este episodio pone en evidencia las tensiones entre el gobierno de Morena y los defensores de la libertad de expresión. Mientras Sheinbaum insiste en que su administración lucha contra la censura, la inclusión del artículo 109 en la propuesta original ha dejado un mal sabor de boca. La eliminación de este artículo es vista como un triunfo de la presión social, pero el debate sobre el control de las telecomunicaciones en México está lejos de terminar.