La oposición en el Senado ha alzado la voz contra los ajustes propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, calificándolos de insuficientes y alertando sobre riesgos de censura. Según senadores del PAN y el PRI, las modificaciones no resuelven los problemas de fondo y podrían permitir un control autoritario sobre medios y plataformas digitales.
El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, celebró la eliminación del polémico artículo 109, que permitía a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones bloquear plataformas sin justificación clara. Sin embargo, señaló que otros artículos, como el 8, fracción 62, aún facultan a la agencia para suspender transmisiones, lo que consideran una amenaza a la libertad de expresión.
Por su parte, el senador priista Manuel Añorve fue más duro al afirmar que los cambios son “la misma gata, pero revolcada”. Criticó que la ley mantenga disposiciones que podrían vigilar el contenido de los medios y controlar el internet, acusando al gobierno de Morena de buscar un Estado autoritario.
Otro punto de controversia es la creación de un registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil, propuesto en el artículo 8, fracción 64. La oposición recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró inconstitucional un padrón similar en 2022, por violar la privacidad de los ciudadanos.
Además, los senadores denunciaron que la iniciativa incumple el T-MEC, especialmente en lo relacionado con la asignación de espectro radioeléctrico y la falta de autonomía de la agencia reguladora. Anaya exigió que el organismo sea constitucionalmente autónomo, con consejeros nombrados por instituciones independientes, no por el Ejecutivo.
La oposición también cuestionó la concentración de poder en la Agencia de Transformación Digital, liderada por José Antonio Peña Merino. Aseguran que, aunque se eliminaron algunos artículos, la agencia sigue teniendo facultades excesivas, lo que podría derivar en un manejo discrecional del sector telecomunicaciones.
En respuesta, el gobierno de Sheinbaum ha defendido la ley, argumentando que busca recuperar atribuciones para el Estado y garantizar la soberanía tecnológica. Sin embargo, las críticas no cesan, y la oposición ya analiza presentar una contrapropuesta para frenar lo que llaman “Ley Censura”.
Mientras el debate continúa, la sociedad civil y organizaciones como Artículo 19 han advertido sobre los peligros de la iniciativa. La presión social y mediática parece haber obligado al gobierno a reconsiderar algunos puntos, pero el futuro de la ley sigue siendo incierto.
El Senado tiene hasta el cierre del período extraordinario para definir el rumbo de esta reforma. Por ahora, la oposición promete no bajar la guardia y exige una discusión más amplia que garantice la libertad de expresión y el acceso a internet sin restricciones.
La polémica en torno a esta ley refleja las tensiones entre el gobierno de Morena y sus críticos, en un contexto donde la regulación de las telecomunicaciones se ha convertido en un tema de interés nacional.