La mañana de este miércoles, agentes de la Fiscalía General de la República capturaron a Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, en un operativo en Chilpancingo. La acusación es grave: ordenó la destrucción de videos clave que podrían haber esclarecido la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
El arresto tuvo lugar en la colonia Ruffo Figueroa, donde las autoridades rodearon el domicilio de Galeana Marín. La exfuncionaria, de 80 años, presentó problemas de salud durante su detención, por lo que fue trasladada en ambulancia a un hospital para recibir atención médica. Posteriormente, fue llevada a las instalaciones de la Policía Federal Ministerial para su certificación.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa señaló desde 2022 que Galeana Marín ordenó eliminar grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala. Estos videos, captados la noche del 26 de septiembre de 2014, habrían mostrado el momento en que policías y presuntos sicarios de Guerreros Unidos interceptaron a los estudiantes.
Organismos de derechos humanos y familiares de los normalistas han insistido durante años en la importancia de estas grabaciones. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los videos podrían probar que los estudiantes fueron trasladados a Huitzuco y entregados a un líder criminal conocido como “El Patrón”. Galeana Marín, en su momento, afirmó que las imágenes eran inservibles por ser “manchas borrosas”.
La detención de la exmagistrada ocurre meses después de su jubilación, a inicios de 2025. Su captura representa un nuevo capítulo en un caso que ha sido catalogado como un crimen de Estado, donde autoridades de distintos niveles, incluyendo al Ejército, han sido señaladas por encubrimiento y obstrucción de la justicia.
El caso Ayotzinapa, que cumplirá 11 años en septiembre, sigue siendo un símbolo de impunidad en México. A pesar de múltiples detenciones, incluyendo la de militares y exfuncionarios, las respuestas sobre el paradero de los 43 estudiantes siguen sin llegar. Los familiares continúan exigiendo verdad y justicia.
Esta acción de la Fiscalía General de la República se suma a otros esfuerzos recientes por esclarecer los hechos. Sin embargo, las críticas persisten: muchos consideran que el gobierno no ha hecho lo suficiente para romper el pacto de silencio que rodea el caso.
La detención de Galeana Marín no solo reaviva la discusión sobre la tragedia de Ayotzinapa, sino que también pone en el reflector las fallas institucionales que han permitido que, una década después, la verdad siga enterrada.