La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha tomado una decisión que podría marcar la diferencia para millones de mexicanos en Estados Unidos. Este miércoles, se acordó formar un grupo plural de legisladores que viajará al vecino país para negociar con congresistas estadounidenses y evitar la imposición de un impuesto del 5% a las remesas. La propuesta, impulsada por legisladores republicanos, ha generado preocupación en México, ya que afectaría directamente a los migrantes que envían dinero a sus familias.
El gravamen, que recaería sobre los emisores de las remesas, es visto como una medida discriminatoria por parte del Congreso mexicano. Según los legisladores, este impuesto no solo impactaría a los mexicanos, sino a todos los migrantes que dependen de este mecanismo para apoyar a sus seres queridos. La creación de este grupo especial busca contrarrestar una iniciativa que, de aprobarse, podría reducir significativamente los ingresos de miles de familias en México.
Las remesas representan una fuente vital para la economía mexicana, con un récord de 64 mil 745 millones de dólares en 2024, según el Banco de México. Este flujo de dinero, que constituye casi el 4% del PIB nacional, es esencial para millones de hogares. La posibilidad de un impuesto del 5% ha encendido las alarmas, ya que expertos estiman que podría generar una pérdida de hasta 13 mil millones de dólares anuales si se combina con otras medidas migratorias de la administración de Donald Trump.
El grupo de legisladores mexicanos tendrá la tarea de dialogar con sus homólogos en Washington para argumentar en contra de esta medida. La Comisión Permanente ha condenado la propuesta, calificándola como un ataque directo a los derechos de los migrantes. Este esfuerzo diplomático busca no solo proteger las remesas, sino también enviar un mensaje claro sobre la importancia de la comunidad migrante en ambos países.
La iniciativa republicana en Estados Unidos forma parte de un paquete fiscal más amplio, que incluye la extensión de exenciones fiscales del primer mandato de Trump y nuevas rebajas tributarias. Sin embargo, el impuesto a las remesas ha generado rechazo incluso dentro del propio Partido Republicano, lo que podría darle a los legisladores mexicanos una oportunidad para negociar. La presión para frenar esta medida crece, mientras el Congreso estadounidense continúa debatiendo el proyecto.
En México, la noticia ha avivado el debate sobre la relación bilateral con Estados Unidos, especialmente en un contexto de políticas migratorias más estrictas. Las deportaciones masivas y la vigilancia reforzada en la frontera, impulsadas por la administración Trump, ya han generado tensiones. Un impuesto a las remesas podría agravar aún más la situación, afectando no solo a los migrantes, sino también a la estabilidad económica de México.
El envío de este grupo plural de legisladores representa un intento por parte del Congreso mexicano de tomar un rol activo en la defensa de los intereses de los migrantes. Aunque aún no se han revelado los nombres de los integrantes de esta delegación, se espera que incluya representantes de diversos partidos para reflejar un frente unido. La misión no será sencilla, dado el clima político en Washington, pero la urgencia de proteger las remesas es innegable.
Mientras tanto, las familias mexicanas que dependen de las remesas observan con preocupación los acontecimientos. Para muchos, estos envíos son la principal fuente de ingresos, utilizados para cubrir necesidades básicas como alimentación, educación y salud. La posibilidad de un impuesto adicional representa una amenaza directa a su bienestar, en un momento en que la economía global enfrenta múltiples desafíos.
La Comisión Permanente ha dejado claro que no se quedará de brazos cruzados ante esta propuesta. La creación del grupo especial es solo el primer paso en lo que podría convertirse en una intensa negociación diplomática. Los legisladores mexicanos deberán demostrar habilidad y determinación para convencer a sus contrapartes en Estados Unidos de que el impuesto a las remesas no es solo una medida económica, sino un golpe a la dignidad de millones de migrantes.