La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, Carlos Torres, enfrentan un nuevo escándalo tras la revocación de sus visas por parte de Estados Unidos. El gobierno estadounidense no ha proporcionado detalles sobre las razones, pero la opacidad ha desatado especulaciones sobre posibles vínculos con actividades ilícitas.
El Partido Acción Nacional (PAN) ha aprovechado la situación para exigir la cancelación del decreto que regulariza los llamados autos chocolate. Según el PAN, este programa, impulsado por el gobierno federal, podría estar relacionado con redes de tráfico ilegal, incluyendo el lavado de dinero proveniente del crimen organizado.
El senador Ricardo Anaya, líder de la bancada panista, señaló que el retiro de las visas a la gobernadora morenista y su esposo evidencia un supuesto pacto de impunidad entre el gobierno de la 4T y el crimen organizado. Anaya insiste en que se debe transparentar si la decisión de Estados Unidos está vinculada al huachicol fiscal.
La gobernadora Ávila ha negado tener cuentas bancarias en Estados Unidos y calificó las acusaciones como mentiras difundidas para desprestigiarla. Sin embargo, su respuesta no ha aclarado las causas detrás de la cancelación de las visas, lo que alimenta aún más las dudas.
El decreto de autos chocolate, promulgado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y extendido recientemente, permite la regularización de vehículos importados ilegalmente. Aunque el programa buscaba beneficiar a miles de mexicanos, ha sido criticado por fomentar la corrupción y el contrabando.
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) ha advertido que este decreto afecta gravemente a la industria automotriz nacional. La entrada de autos usados en malas condiciones mecánicas ha estancado las ventas de vehículos nuevos en estados como Chihuahua.
Diputados federales, liderados por Héctor Saúl Téllez del PAN, presentarán un punto de acuerdo para derogar el decreto. Argumentan que su eliminación impulsaría la economía y frenaría prácticas ilegales que podrían estar relacionadas con casos como el de la gobernadora de Baja California.
La falta de información oficial sobre las visas revocadas ha generado un vacío que se llena con especulaciones. Mientras el gobierno de Morena guarda silencio, la presión crece para que se investiguen los posibles nexos entre funcionarios públicos y actividades delictivas.
Este caso marca un precedente, siendo la primera vez que una gobernadora en funciones pierde su visa estadounidense. La situación pone en el centro del debate la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno de la 4T.
La controversia sigue creciendo, y la ciudadanía espera respuestas claras sobre las razones detrás de esta decisión y su posible conexión con el polémico decreto de autos chocolate.