Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dejó caer una bomba al confirmar que 17 familiares de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se entregaron a autoridades de Estados Unidos. Este movimiento, según el funcionario, es parte de una negociación directa con el Departamento de Justicia de ese país. La noticia sacude el panorama de la seguridad en México, donde el gobierno parece quedar al margen de decisiones clave.
La entrega ocurrió el pasado 9 de mayo, cuando el grupo, liderado por Griselda López Pérez, madre de Ovidio y exesposa de “El Chapo”, cruzó la frontera por la garita de San Ysidro, entre Tijuana y San Diego. Según Harfuch, los familiares no enfrentaban órdenes de aprehensión en México, lo que permitió su traslado sin complicaciones legales. Sin embargo, esta revelación levanta sospechas sobre la falta de control del gobierno mexicano en un caso de alto perfil.
Ovidio Guzmán, conocido como “El Ratón”, fue extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023 y enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas. Su decisión de colaborar con las autoridades estadounidenses, según reportes, incluye un acuerdo para declararse culpable el próximo 9 de julio en una corte de Chicago. Este pacto aparentemente garantiza protección para su familia, un movimiento que pone en evidencia la fragilidad de la seguridad en Sinaloa.
El traslado de los familiares, que incluyó a una hija de Griselda, un nieto y un yerno, se realizó bajo estrictas medidas de seguridad. Videos revelan que agentes del FBI los esperaban en la frontera, y un francotirador fue desplegado ante el temor de un posible atentado. La operación, que permitió a los familiares ingresar a Estados Unidos bajo un esquema migratorio especial, demuestra el nivel de coordinación con las autoridades extranjeras, mientras México parece relegado a un papel secundario.
Harfuch insistió en que los familiares no eran objetivos de las autoridades mexicanas, pero no explicó por qué el gobierno no fue informado previamente del traslado. Esta omisión alimenta las críticas sobre la falta de transparencia en la cooperación con Estados Unidos. La Fiscalía General de la República, según la presidenta Claudia Sheinbaum, aún espera información oficial del Departamento de Justicia, lo que resalta la desconexión en el manejo del caso.
La entrega de la familia Guzmán llega en un momento de alta tensión en Sinaloa, donde la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, lideradas por “Los Chapitos” y “La Mayiza”, ha dejado cientos de muertos. Harfuch sugirió que el traslado podría estar motivado por el miedo de Ovidio a represalias contra su familia, pero esto no hace más que subrayar el caos que impera en la región y la incapacidad del gobierno para controlarlo.
El caso también abre la puerta a especulaciones sobre una posible fractura dentro de “Los Chapitos”. Mientras Ovidio y su hermano Joaquín negocian con Estados Unidos, sus medios hermanos, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, permanecen en México liderando la lucha contra la facción de Ismael “El Mayo” Zambada. La salida de la familia de Ovidio podría interpretarse como una señal de que los Guzmán López buscan protegerse a costa de sus aliados.
La noticia pone en el centro del debate la estrategia de seguridad del gobierno de Morena. La entrega de la familia Guzmán a Estados Unidos, sin una participación clara de las autoridades mexicanas, evidencia una dependencia preocupante de la justicia extranjera. Mientras tanto, la violencia en Sinaloa no cede, y los ciudadanos exigen respuestas que el gobierno no parece capaz de dar.
Este episodio no solo complica la narrativa oficial de un México soberano en la lucha contra el narco, sino que también plantea preguntas sobre el futuro del Cártel de Sinaloa. Con Ovidio colaborando y su familia bajo protección estadounidense, el equilibrio de poder en el crimen organizado podría estar a punto de cambiar drásticamente.