La licencia de conducir permanente en la Ciudad de México ha desatado una ola de interés, pero también de confusión, especialmente para quienes viven fuera de la capital. El gobierno de Clara Brugada, de Morena, ha promovido este trámite como una gran solución para los automovilistas, pero la realidad es que no todos pueden acceder a ella. Si vives en otro estado, las promesas de facilidad chocan con requisitos estrictos que complican el proceso.
Para tramitar la licencia permanente, el gobierno de la CDMX exige un comprobante de domicilio vigente de la capital o del Estado de México. Esto significa que, si no resides en estas zonas, tus opciones son limitadas. Una alternativa es usar el comprobante de un familiar directo que viva en la CDMX, pero esto no garantiza el éxito del trámite y puede generar problemas legales. La Secretaría de Movilidad no ha aclarado cómo verificarán estos documentos, lo que genera incertidumbre.
El costo de la licencia permanente es de 1,500 pesos, un pago único que, según Morena, elimina la necesidad de renovaciones. Sin embargo, el proceso no es tan sencillo como lo pintan. Además del comprobante de domicilio, se requiere una identificación oficial vigente, como INE o pasaporte, y, en algunos casos, una licencia tipo A expedida previamente por la CDMX. Quienes no cumplan con estos requisitos enfrentan trámites adicionales o simplemente no pueden solicitarla.
Otro obstáculo es la cita previa, que debe agendarse en el sistema en línea de la Secretaría de Movilidad. Desde noviembre de 2024, cuando inició el programa, miles de personas han reportado problemas para encontrar espacios disponibles. Esto ha llevado a algunos a esperar hasta 2025 o incluso a acudir a oficinas sin cita, perdiendo horas en filas interminables. La supuesta “eficiencia” del gobierno capitalino brilla por su ausencia.
El programa, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, ha sido criticado por su exclusividad. Solo los residentes de la CDMX y el Estado de México pueden acceder, dejando fuera a millones de mexicanos de otras entidades. La jefa de gobierno, Clara Brugada, ha defendido la medida como un beneficio para los capitalinos, pero no ha explicado por qué se limita a estas zonas, ignorando a quienes viajan frecuentemente a la capital por trabajo o necesidad.
Además, no todos los conductores son elegibles. Quienes tengan antecedentes en el programa “Conduce sin Alcohol” o sentencias por delitos viales no pueden tramitar la licencia permanente. Esta restricción, aunque razonable, no ha sido comunicada con claridad, lo que ha generado frustración entre los solicitantes que descubren su inelegibilidad al llegar a los módulos.
El trámite también incluye un examen teórico para quienes solicitan la licencia por primera vez, basado en la Ley de Movilidad y el Reglamento de Tránsito. Aunque el gobierno ofrece guías de estudio, la falta de capacitación adecuada y la saturación de los módulos dificultan aprobar esta evaluación. Para los que ya tienen una licencia tipo A, el proceso es más sencillo, pero no exento de complicaciones burocráticas.
La licencia permanente, que solo permite conducir automóviles particulares, ha sido presentada como un gran logro de Morena. Sin embargo, su implementación deja mucho que desear. La falta de módulos suficientes, la exclusión de residentes de otros estados y los problemas técnicos en el sistema de citas reflejan una planeación deficiente. Mientras el gobierno presume “avances”, los ciudadanos enfrentan trabas y promesas vacías.
El mensaje es claro: si no vives en la CDMX o el Estado de México, tramitar esta licencia es casi un sueño imposible. La supuesta accesibilidad del programa es una fachada que beneficia a unos pocos y frustra a muchos. La gestión de Clara Brugada, una vez más, promete más de lo que puede cumplir, dejando a los mexicanos de otros estados con las manos vacías.