En Chihuahua, la esperanza de miles de personas con discapacidad permanente pende de un hilo. La delegada del Bienestar, Mayra Chávez Jiménez, anunció que el Gobierno del Estado y el Gobierno de México están cerca de firmar un convenio para garantizar una pensión universal. Sin embargo, la falta de una fecha concreta para esta firma mantiene en la incertidumbre a quienes esperan este apoyo.
Este beneficio, considerado un derecho innegable, busca atender a personas de 0 a 64 años con discapacidad permanente. Según Chávez Jiménez, es una respuesta a un reclamo legítimo de la población, respaldado por decretos federales de 2020 y 2024. La pensión no solo es vista como un apoyo económico, sino como un reconocimiento a la dignidad de estas personas.
A pesar del optimismo oficial, la realidad es otra. La delegada admitió que no hay un plazo definido para concretar el acuerdo. Las negociaciones con el Gobierno del Estado se encuentran en un “ejercicio permanente de convencimiento”, pero sin resultados tangibles hasta ahora. Esto genera frustración entre quienes dependen de este recurso para mejorar su calidad de vida.
El programa de pensión para personas con discapacidad ya opera en 24 estados del país, donde los gobiernos locales han firmado convenios con la federación. En estos lugares, los beneficiarios reciben 3,200 pesos bimestrales, depositados directamente en una tarjeta del Banco del Bienestar. Chihuahua, sin embargo, sigue rezagado, dejando a miles sin este apoyo.
La situación no es nueva. Desde 2020, organizaciones y ciudadanos han presionado para que Chihuahua se sume a la universalización de la pensión. Incluso, algunos han recurrido a amparos federales para exigir este derecho, amparados en la Constitución y las reformas legales que lo respaldan. La falta de acción del gobierno estatal ha sido un punto constante de crítica.
Mientras tanto, las personas con discapacidad enfrentan barreras diarias. Según el Inegi, solo 4 de cada 10 personas con discapacidad en México forman parte de la población económicamente activa, y quienes trabajan perciben ingresos 13% menores. Este contexto hace que la pensión sea no solo un apoyo, sino una necesidad urgente para muchos.
La delegada Chávez Jiménez destacó que el programa ha sido reconocido incluso por la ONU, que lo considera un modelo para apoyar a las personas con discapacidad. Sin embargo, estas palabras suenan vacías para quienes en Chihuahua aún esperan el beneficio. La promesa de un convenio está sobre la mesa, pero sin una firma, no pasa de ser eso: una promesa.
La presión sigue creciendo. Organizaciones como Inclusión con Dignidad han denunciado la lentitud del proceso y la discriminación que enfrentan las personas de 30 a 64 años, quienes en Chihuahua no reciben el apoyo. Mientras el gobierno estatal y federal no lleguen a un acuerdo, miles seguirán en la espera, atrapados en un limbo de buenas intenciones y poca acción.
El futuro de esta pensión en Chihuahua depende de la voluntad política. Por ahora, las autoridades piden paciencia, pero para las personas con discapacidad, cada día sin apoyo es un día más de lucha. La pregunta sigue en el aire: ¿cuándo se hará realidad este derecho para todos?