Una nueva propuesta busca garantizar que las personas con discapacidad en México puedan viajar con mayor facilidad. La diputada Armida Serrato, junto con la ciudadana Sarahi Hernández, ha presentado una iniciativa que pretende restablecer descuentos de hasta el 50 por ciento en las tarifas de autobuses de transporte público federal. Esta medida busca beneficiar a un sector de la población que enfrenta constantes barreras de movilidad.
La iniciativa, impulsada por el grupo parlamentario del PRI en el Congreso de Nuevo León, responde a la necesidad de políticas públicas inclusivas. Según las proponentes, el descuento en los pasajes de autobuses foráneos es una herramienta clave para que las personas con discapacidad puedan acceder a servicios esenciales, como salud, educación o empleo, sin que el costo del transporte sea un obstáculo.
En 2020, el Senado de la República aprobó una reforma similar que obligaba a las empresas de autotransporte federal a ofrecer descuentos de hasta el 50 por ciento. Sin embargo, la aplicación de esta medida ha sido irregular en distintas regiones del país. Muchas personas con discapacidad han reportado que las empresas no cumplen con la disposición o que los descuentos no están disponibles en todas las rutas.
La propuesta actual busca reforzar la legislación existente y garantizar que los descuentos sean aplicados de manera uniforme en todo el territorio nacional. Además, se plantea establecer un número específico de asientos con descuento en cada unidad de transporte, lo que facilitaría el acceso y evitaría que las empresas limiten la oferta de boletos con tarifa reducida.
Armida Serrato, quien encabeza la iniciativa, destacó que la movilidad es un derecho fundamental. En su presentación, señaló que las personas con discapacidad enfrentan no solo barreras físicas, sino también económicas, lo que limita su participación plena en la sociedad. La propuesta también incluye un llamado a las autoridades federales para supervisar el cumplimiento de las empresas transportistas.
Por su parte, Sarahi Hernández, una ciudadana que ha colaborado en la elaboración de la iniciativa, compartió su experiencia personal. Explicó que los costos elevados de los pasajes han sido un impedimento para muchas personas con discapacidad, especialmente aquellas que viven en zonas rurales o que necesitan viajar frecuentemente para recibir atención médica.
La iniciativa ha generado reacciones positivas en redes sociales, donde usuarios han expresado su apoyo a la propuesta. Sin embargo, también han surgido voces que piden que se incluyan mecanismos claros de fiscalización para evitar que las empresas eludan la responsabilidad. Organizaciones de la sociedad civil han señalado que la supervisión será clave para el éxito de esta reforma.
El debate sobre la iniciativa está programado para los próximos meses en el Congreso de Nuevo León, con la posibilidad de que sea turnada a comisiones a nivel federal. De aprobarse, esta reforma podría beneficiar a miles de personas con discapacidad en el país, promoviendo una mayor inclusión y equidad en el acceso al transporte público.