En Cuauhtémoc, Chihuahua, se llevó a cabo el quinto y último Foro de Opinión sobre la iniciativa de Ley para la Protección Integral de Personas Periodistas y Trabajadoras de la Prensa. Este evento, organizado por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, cerró un ciclo de consultas que buscaban escuchar a periodistas, medios y sociedad civil. Pero, ¿realmente se traducirá en protección para quienes arriesgan su vida por informar?
La iniciativa, presentada por la diputada Rosana Díaz en noviembre de 2023, responde a la alarmante situación que enfrentan los comunicadores en Chihuahua, un estado donde la violencia contra la prensa ha sido una constante. Los foros, realizados en Juárez, Chihuahua capital, Delicias, Cuauhtémoc y Parral, prometían ser un espacio para recabar propuestas y fortalecer el marco legal. Sin embargo, el historial del gobierno estatal en materia de seguridad genera dudas sobre su compromiso.
Chihuahua es uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo en México. Entre 2018 y 2022, se documentaron decenas de agresiones contra periodistas, incluyendo amenazas, desapariciones y asesinatos. La falta de acción efectiva por parte de las autoridades ha dejado a los comunicadores en una vulnerabilidad extrema. Los foros, aunque bien intencionados, podrían quedarse en un ejercicio de buena voluntad si no se traducen en leyes con dientes.
La diputada Herminia Gómez, presidenta de la Comisión, insistió en que el objetivo es avanzar en favor de los periodistas. En Cuauhtémoc, el evento se realizó en el Tecnológico de la ciudad, con la participación de trabajadores de la prensa y organizaciones civiles. Los asistentes destacaron la urgencia de crear mecanismos reales de protección, como fondos de emergencia, protocolos de seguridad y sanciones efectivas contra agresores.
Sin embargo, el panorama no es alentador. Mientras se realizan estos foros, los ataques a la prensa no cesan. En Chihuahua, los periodistas enfrentan no solo la amenaza de grupos criminales, sino también la intimidación de autoridades locales. La falta de coordinación entre los niveles de gobierno y la impunidad en los casos de violencia contra comunicadores son obstáculos que el Congreso no ha sabido abordar.
Otro punto crítico es la implementación. Aunque la iniciativa de ley suena prometedora, experiencias previas en otros estados muestran que las leyes de protección a periodistas suelen quedarse en el papel. Sin presupuesto adecuado ni voluntad política, los foros podrían ser solo un intento de lavar la cara de un gobierno estatal que no ha logrado frenar la inseguridad.
La sociedad civil también alzó la voz en Cuauhtémoc, exigiendo que la ley contemple la perspectiva de género, ya que las mujeres periodistas enfrentan riesgos adicionales, como el acoso y la violencia sexual. Este llamado refleja la necesidad de un enfoque inclusivo que atienda las realidades específicas de todos los comunicadores, sin dejar lagunas en la protección.
El cierre de los foros marca el inicio de una nueva etapa: la redacción y discusión de la ley en el Congreso. Pero el camino es largo. La presión de los medios y la ciudadanía será clave para evitar que este esfuerzo se diluya en promesas vacías. Mientras tanto, los periodistas de Chihuahua siguen trabajando bajo la sombra de la violencia, esperando que las palabras se conviertan en hechos.
¿Será esta ley un escudo real para la prensa o solo un espejismo en un estado donde la inseguridad reina? El tiempo lo dirá, pero la historia reciente no invita al optimismo. Por ahora, los comunicadores siguen siendo héroes anónimos en un entorno que los castiga por buscar la verdad.