El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, enfrentará la justicia el próximo 20 de agosto de 2025. Una jueza federal lo citó para una audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República lo acusará formalmente por un desfalco de más de 3 mil 400 millones de pesos. Los cargos incluyen peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
La investigación apunta a irregularidades durante su administración entre 2015 y 2021. Según las autoridades, Aureoles orquestó un esquema de desvío de recursos públicos a través de contratos inflados para construir siete cuarteles de la Guardia Civil en municipios como Apatzingán, Uruapan y Lázaro Cárdenas. Los contratos fueron otorgados directamente a la empresa Inmobiliaria DyF, lo que levantó sospechas.
Cuatro excolaboradores de Aureoles ya enfrentan procesos penales por los mismos delitos. Carlos Maldonado, exsecretario de Finanzas, y otros tres exfuncionarios fueron detenidos en marzo de 2025 y permanecen en prisión preventiva. Las autoridades señalan que el daño patrimonial al estado de Michoacán supera los 3 mil 412 millones de pesos.
Aureoles ha logrado evitar su captura gracias a una suspensión provisional otorgada por un juez federal. Tras pagar una garantía de 52 mil pesos, el exmandatario no puede ser detenido hasta que se resuelva si se le concede una suspensión definitiva. Esta decisión ha generado controversia y críticas, incluso desde el gobierno federal.
La audiencia del 20 de agosto será clave para determinar el rumbo del caso. La jueza de control Patricia Sánchez Nava, quien previamente ordenó la aprehensión de Aureoles, presidirá la sesión. Si el exgobernador no se presenta, podría perder la protección judicial que lo mantiene libre.
El caso ha puesto bajo el reflector la gestión de Aureoles en Michoacán. Las acusaciones de corrupción han alimentado el debate sobre la rendición de cuentas de los exfuncionarios públicos. La Fiscalía General de la República insiste en que el exgobernador debe responder por el millonario quebranto al erario.
Mientras tanto, Aureoles se mantiene prófugo de la justicia. La Interpol ya emitió una ficha roja para localizarlo, y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, ha asegurado que su detención es solo cuestión de tiempo. Las autoridades han intensificado la búsqueda en México y el extranjero.
El proceso contra Aureoles y sus excolaboradores refleja los esfuerzos por combatir la corrupción en administraciones pasadas. Sin embargo, las suspensiones judiciales y los recursos legales han complicado el avance de las investigaciones. El desenlace de este caso será seguido de cerca por la opinión pública.