La empresa siderúrgica Ternium enfrenta una sanción histórica en Nuevo León tras provocar un ecocidio en el arroyo La Talaverna. El gobierno estatal anunció una multa de 80 millones de pesos por el derrame de 400 mil litros de químicos tóxicos, un incidente que dejó un rastro de muerte en la fauna local y encendió las alarmas en la región.
El pasado 17 de abril, la planta Churubusco de Ternium, ubicada en Monterrey, liberó cloruro ferroso, agua ácida y ácido clorhídrico al arroyo, contaminando 11 kilómetros de su cauce. La afectación se extendió por los municipios de San Nicolás, Apodaca, Pesquería y Guadalupe, dejando a su paso un paisaje desolador de agua teñida de óxido.
La fauna del arroyo sufrió un golpe devastador. Tortugas de concha blanda, una especie protegida por la NOM-059, fueron encontradas muertas, junto con peces, ranas y castores, cuya presencia era un símbolo de recuperación ambiental. Glen Villarreal Zambrano, director de Parques y Vida Silvestre, denunció la magnitud del daño, señalando que los químicos de Ternium causaron estragos irreparables.
Vecinos de la colonia Sebastián Elizondo en Apodaca reportaron la muerte de borregos, cabras y gallinas tras beber agua contaminada. Ignacio Barajas, un criador local, perdió parte de su ganado y lamentó la falta de acción inmediata para contener el desastre. La indignación creció entre los habitantes, quienes exigieron justicia y medidas más estrictas.
La Secretaría de Medio Ambiente, encabezada por Alfonso Martínez, calificó el derrame como una negligencia grave. Aunque Ternium afirmó que el cauce estaba normalizado desde el 21 de abril, las autoridades estatales y federales han cuestionado la efectividad de las labores de limpieza. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró parcialmente la planta, específicamente el área de Granja de Tanques, donde ocurrió el colapso.
Expertos como Carlos Álvarez Flores, de México Comunicación y Ambiente, exigieron sanciones más severas, proponiendo multas de hasta mil millones de pesos y la clausura definitiva de la planta. La presión ciudadana y política también ha llevado a demandas para reubicar la fábrica fuera de la zona metropolitana de Monterrey, argumentando riesgos constantes para la salud pública.
El alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, se sumó a las críticas, exigiendo a Ternium modernizar sus sistemas de ductos para evitar futuros accidentes. Mientras tanto, la Secretaría de Medio Ambiente continúa evaluando el impacto en el suelo y el agua, con muestras tomadas por Agua y Drenaje de Monterrey para determinar el alcance total del daño.
Este caso ha reavivado el debate sobre la regulación de industrias contaminantes en Nuevo León. Ternium, que procesa millones de toneladas de residuos peligrosos al año, enfrenta ahora un escrutinio sin precedentes. La sanción de 80 millones de pesos marca un precedente, pero para muchos, no es suficiente frente a la magnitud del desastre ambiental.