La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León ha suspendido las operaciones de la empresa Pyosa tras un grave incidente de contaminación en el arroyo Topo Chico, en San Nicolás. Un derrame de líquido azul, presuntamente proveniente de sus instalaciones, tiñó las aguas del arroyo, generando alarma entre los vecinos y autoridades.
El titular de la Secretaría, Alfonso Martínez Muñoz, confirmó que se investiga el origen del derrame, pero hasta ahora no se ha identificado con precisión la sustancia. La empresa enfrenta posibles multas millonarias por violar la Ley Ambiental Nacional, además de la obligación de remediar el daño causado al ecosistema.
El arroyo Topo Chico, que atraviesa varios municipios, ha sido escenario de múltiples incidentes de contaminación en los últimos años. En 2024, un derrame de líquido rojo ya había alertado a las autoridades, aunque no se concretaron sanciones significativas en ese caso.
Vecinos de San Nicolás reportaron el líquido azul desde la mañana del lunes, compartiendo imágenes en redes sociales que muestran el agua teñida de un color inusual. La indignación creció al conocerse la posible implicación de Pyosa, una empresa dedicada a la producción de químicos industriales.
Martínez Muñoz aseguró que el gobierno estatal actuará con mano dura contra los responsables. La Secretaría de Medio Ambiente ya realiza inspecciones en las instalaciones de Pyosa para determinar la magnitud del derrame y sus impactos en la flora y fauna local.
Este incidente revive la preocupación por la falta de regulación efectiva en las industrias que operan cerca de cuerpos de agua. Activistas ambientales han señalado que el arroyo Topo Chico es especialmente vulnerable debido a la actividad industrial en la zona.
Las autoridades han indicado que el líquido azul no representa un riesgo inmediato para la población, pero se mantienen las alertas por posibles efectos a largo plazo. Se espera que los análisis químicos revelen la composición exacta de la sustancia derramada.
Pyosa, por su parte, no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente. La empresa, con décadas de operación en Nuevo León, ahora enfrenta un escrutinio público que podría afectar su reputación y operaciones.
El caso ha generado un debate sobre la necesidad de fortalecer las leyes ambientales en México. Organizaciones civiles exigen sanciones ejemplares y planes de restauración para el arroyo, que ha sufrido daños continuos por la actividad industrial.
Mientras tanto, los habitantes de San Nicolás y municipios cercanos esperan respuestas claras y acciones concretas para proteger el arroyo Topo Chico, un recurso natural vital para la región.