El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha presentado un plan migratorio que está generando un intenso debate en Estados Unidos. La propuesta, dirigida al gobierno del presidente Donald Trump, busca utilizar a elementos de la Guardia Nacional de Florida como jueces migratorios para agilizar los procesos de deportación. Esta iniciativa marca un nuevo capítulo en las políticas migratorias del estado, que se ha destacado por su postura estricta en este tema.
La idea central del plan es autorizar al Cuerpo de Abogados Generales, una rama de justicia militar de la Guardia Nacional, para que actúe como jueces en casos de inmigración. Según DeSantis, esto permitiría procesar de manera más rápida las deportaciones, especialmente de aquellos considerados “extranjeros criminales peligrosos”. El gobernador asegura que esta medida responde a la necesidad de reforzar la aplicación de las leyes migratorias en el país.
Además, el plan incluye un componente igualmente polémico: otorgar a la Patrulla de Carreteras de Florida la capacidad de realizar redadas migratorias de manera independiente. Cien agentes de esta fuerza ya han sido designados como alguaciles adjuntos del Servicio de Marshals, lo que les permite ejecutar órdenes judiciales federales. DeSantis destacó que ningún otro estado en el país cuenta con una autoridad similar para operativos migratorios autónomos.
El gobernador ha enfatizado que Florida está tomando un rol de liderazgo en la lucha contra la inmigración ilegal. Como ejemplo, citó la Operación Marea Negra, un operativo que resultó en el arresto de 1,120 migrantes entre el 21 y el 26 de abril. Este esfuerzo, según DeSantis, demuestra la capacidad del estado para colaborar con agencias federales como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y ejecutar acciones efectivas.
Florida, donde uno de cada cinco residentes es inmigrante, alberga a unos 5 millones de personas nacidas en el extranjero, según el American Immigration Council. A pesar de esta significativa población migrante, el estado ha implementado leyes estrictas bajo el mandato de DeSantis. Entre ellas, se encuentran normas que prohíben las ciudades santuario y sanciones de hasta 5,000 dólares para funcionarios que no cumplan con las políticas migratorias estatales.
El plan también contempla la creación de nuevos centros de detención para migrantes, una medida que busca expandir la capacidad de aprehensión en el estado. DeSantis argumenta que estas acciones son necesarias para apoyar las políticas migratorias del gobierno federal y garantizar la seguridad en Florida. Sin embargo, críticos han advertido que estas propuestas podrían vulnerar derechos fundamentales y generar tensiones con comunidades migrantes.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han expresado su preocupación por el uso de militares en funciones judiciales. Argumentan que esta práctica podría limitar el debido proceso y afectar a personas que no representan una amenaza real. Asimismo, han señalado que las redadas independientes de la Patrulla de Carreteras podrían incrementar el temor entre las comunidades migrantes, incluso entre aquellos con estatus legal.
La propuesta de DeSantis se alinea con las políticas migratorias de línea dura promovidas por la administración Trump. Desde el inicio de su segundo mandato, el presidente ha impulsado medidas como la declaración de emergencia nacional en la frontera y el uso de bases militares para detenciones. Sin embargo, iniciativas como el uso de aviones militares para deportaciones han sido suspendidas recientemente debido a sus altos costos.
El debate sobre esta propuesta está lejos de concluir. Mientras algunos sectores aplauden la postura de Florida como un modelo para otros estados, otros advierten sobre las implicaciones humanitarias y legales de estas medidas. La implementación del plan requerirá la aprobación del gobierno federal, lo que podría generar un nuevo punto de fricción en el panorama político estadounidense.
En un contexto donde la inmigración sigue siendo un tema divisivo, Florida se posiciona como un actor clave en la discusión nacional. Las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían redefinir el enfoque del estado hacia los migrantes y marcar un precedente para el resto del país.