En el Estado de México, la crisis de vivienda sigue siendo un problema que afecta a miles de familias, mientras las autoridades parecen dormir en sus laureles. Según datos recientes, la falta de acceso a una vivienda digna en los 125 municipios del Edomex es una realidad que golpea especialmente a las comunidades más vulnerables. Los programas de apoyo, como Vivienda para el Bienestar, prometen soluciones, pero los resultados son mínimos frente a la magnitud del problema.
El programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por el gobierno estatal, busca ofrecer apoyos para el mejoramiento o construcción de casas. Sin embargo, las trabas burocráticas y los requisitos estrictos dejan fuera a muchas personas que realmente lo necesitan. Por ejemplo, los solicitantes deben ser mayores de 18 años, residir en el estado y demostrar que viven en condiciones de pobreza, pero el proceso de registro es lento y poco accesible para quienes no tienen recursos o tiempo para cumplir con la documentación.
En municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca, la demanda de vivienda crece sin control. La urbanización desordenada y la falta de planeación han generado asentamientos irregulares, donde las familias viven sin servicios básicos como agua potable o electricidad. Estas zonas, además, enfrentan problemas de inseguridad, lo que agrava la calidad de vida de sus habitantes.
El gobierno de Morena en el Edomex, encabezado por Delfina Gómez, ha presumido avances en programas sociales, pero la realidad es otra. Los apoyos para vivienda no llegan a tiempo, y cuando lo hacen, suelen ser insuficientes para cubrir las necesidades reales de las familias. Mientras tanto, los recursos se destinan a proyectos de mayor visibilidad política, dejando en segundo plano la crisis habitacional.
Por si fuera poco, el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) ha sido criticado por su falta de transparencia. Los ciudadanos denuncian que los apoyos muchas veces se entregan a personas cercanas a funcionarios o que cumplen con ciertos “favores” políticos. Esta opacidad genera desconfianza y aleja a la población de los programas que, en teoría, deberían beneficiarles.
En contraste, otros programas como Mi Primer Hogar 2025 han intentado abordar el problema, pero su alcance es limitado. La convocatoria ofrece subsidios para construir o renovar viviendas, pero solo en ciertos municipios y con un presupuesto que no cubre la creciente demanda. Las familias que logran acceder a estos apoyos enfrentan largos procesos de espera, lo que las obliga a buscar soluciones improvisadas.
La situación no es nueva. Durante años, el Estado de México ha enfrentado un déficit habitacional que ningún gobierno ha sabido resolver. La falta de coordinación entre autoridades estatales y municipales, sumada a la corrupción, ha perpetuado un problema que afecta a millones de mexiquenses. Mientras tanto, las promesas de campaña se quedan en discursos, y las familias siguen sin un techo digno.
El panorama es desalentador, pero la ciudadanía no se queda de brazos cruzados. En varios municipios, organizaciones vecinales han comenzado a presionar por soluciones reales, exigiendo que los recursos se destinen de manera efectiva. Sin embargo, sin un cambio profundo en la forma en que se gestionan los programas de vivienda, el sueño de un hogar propio seguirá siendo inalcanzable para muchos.
En resumen, la crisis de vivienda en el Edomex es un reflejo de las prioridades del gobierno actual. Mientras los funcionarios descansan en sus oficinas, miles de familias se preguntan dónde dormirán esta noche. La pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo se tomará en serio este problema?