En la Ciudad de México, los casos de pinchazos en el transporte público han encendido las alarmas. La diputada Tania Larios, del PRI, presentó una iniciativa en el Congreso local para tipificar como delito la “sumisión química por pinchazo”. La propuesta busca sancionar con hasta cinco años de prisión a quienes usen esta práctica para drogar, debilitar o facilitar crímenes como robos o abusos.
La iniciativa surge tras un aumento preocupante de denuncias. En los últimos meses, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX reportó 41 casos de posibles pinchazos, la mayoría en el Metro. De estos, 33 ocurrieron en el Sistema de Transporte Colectivo, cuatro en el Metrobús, tres en la vía pública y uno en el Pumabús. Solo en 15 casos se confirmó una lesión compatible con una punción.
El objetivo de la propuesta es claro: combatir una práctica que pone en riesgo la seguridad de los capitalinos. Los pinchazos, según las autoridades, podrían estar relacionados con intentos de someter a las víctimas para cometer otros delitos. La falta de acción efectiva ha generado críticas hacia el gobierno de la ciudad, que parece incapaz de frenar esta amenaza.
La diputada Larios argumenta que el delito debe perseguirse de oficio. Esto significa que no sería necesario que la víctima presente una denuncia formal para que las autoridades actúen. La iniciativa plantea penas de seis meses a cinco años de cárcel, dependiendo de la gravedad del caso, y busca disuadir a los responsables de estas agresiones.
El contexto es alarmante. La Ciudad de México enfrenta un repunte en la inseguridad en el transporte público. Usuarios reportan sentirse vulnerables, especialmente en el Metro, donde los casos de pinchazos han generado temor. La falta de vigilancia y medidas concretas agrava la percepción de desamparo entre los ciudadanos.
Críticos del gobierno de Morena en la CDMX señalan que la respuesta ha sido insuficiente. Aunque la Fiscalía ha detenido a tres personas relacionadas con estos casos, las medidas no han logrado contener el problema. La ciudadanía exige acciones inmediatas para garantizar su seguridad en el día a día.
La propuesta del PRI también busca enviar un mensaje firme: los responsables enfrentarán consecuencias severas. Sin embargo, algunos cuestionan si la tipificación del delito será suficiente sin un plan integral que incluya más vigilancia y prevención. La discusión en el Congreso será clave para definir el rumbo de esta iniciativa.
La inseguridad en el transporte público no es un problema nuevo, pero los pinchazos han añadido una capa de preocupación. Los capitalinos esperan que esta propuesta, de aprobarse, marque un antes y un después. Mientras tanto, la incertidumbre persiste en cada viaje en Metro o Metrobús.