La frontera con Estados Unidos permanece cerrada para la exportación de ganado mexicano, y los estados productores están en alerta. La presencia del gusano barrenador, un parásito que amenaza la sanidad del ganado, ha desencadenado esta medida, afectando gravemente a miles de ganaderos en el norte del país. Chihuahua, Sonora, Durango y Coahuila lideran las estrategias para revertir esta situación, pero la incertidumbre crece.
El impacto económico es devastador. Solo en Chihuahua, se estima que 120 mil cabezas de ganado están varadas, representando pérdidas millonarias. Los ganaderos señalan que el precio del ganado en el mercado nacional es hasta un 30% menor que en el de exportación, lo que complica aún más su situación. La sequía, sumada a esta restricción, agrava la crisis en el sector.
Álvaro Bustillos, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, ha sido tajante. Exige al gobierno federal cerrar la frontera sur para frenar el ingreso de ganado ilegal desde Centroamérica, principal fuente del parásito. Según Bustillos, la falta de controles sanitarios en el sur pone en riesgo la seguridad nacional y la economía de los estados exportadores.
En una reunión virtual con el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, los ganaderos propusieron ocho puntos clave. Entre ellos, destacan la creación de un comité binacional con Estados Unidos, la regionalización sanitaria para proteger a estados como Chihuahua y Sonora, y la reactivación de una planta en Chiapas para producir moscas estériles que combatan al gusano barrenador.
La producción actual de moscas estériles, de apenas 100 millones semanales, es insuficiente. En los años 80, se necesitaron 500 millones para erradicar la plaga, y los ganaderos advierten que sin un aumento significativo, la situación no se controlará. También piden más recursos para el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
El cierre de la frontera, ordenado por el gobierno estadounidense, se extenderá al menos 15 días. Aunque Berdegué negocia con su contraparte en Estados Unidos, los ganaderos temen que el plazo se prolongue si no se toman medidas drásticas. La decisión, según algunos, responde a presiones del presidente Donald Trump, lo que añade un matiz político al problema.
Chihuahua y Sonora, que invierten millones en mantener altos estándares sanitarios, exigen ser tratados de manera diferenciada. Los ganaderos argumentan que no es justo que se les mida con la misma vara que a estados como Tabasco o Chiapas, donde los controles son menos rigurosos. La regionalización sanitaria podría ser una solución, pero requiere voluntad política.
La presión sobre el gobierno federal aumenta. Los ganaderos demandan acciones inmediatas, como el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur y una mayor coordinación con las autoridades estadounidenses. Mientras tanto, el ganado sigue acumulándose en ranchos y centros de acopio, y las pérdidas se multiplican día con día.
La situación ha encendido las alarmas entre los gobernadores de los estados afectados. En Chihuahua, la Secretaría de Desarrollo Rural mantiene comunicación constante con las autoridades federales, buscando una salida. Sin embargo, los productores sienten que el gobierno no ha actuado con la urgencia que el problema requiere.
La reapertura de la frontera ganadera es una carrera contra el tiempo. Los estados exportadores trabajan en protocolos sanitarios más estrictos, pero el futuro del sector sigue en vilo. La crisis pone en evidencia las debilidades en los controles fronterizos y la necesidad de una estrategia nacional para proteger a uno de los sectores más importantes de la economía mexicana.