En un hecho que ha generado repudio, elementos de la Guardia Nacional y la policía estatal de Tabasco irrumpieron en el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, en Balancán, para desalojar a estudiantes que mantenían un plantón pacífico. Los jóvenes protestaban desde hace 37 días exigiendo la destitución del director de la institución, acusado de nepotismo y abuso de poder.
El operativo, llevado a cabo el pasado 7 de mayo, se tornó violento con el uso de gas lacrimógeno y fuerza excesiva contra los estudiantes. Videos difundidos en redes sociales muestran a los uniformados ingresando al plantel y dispersando a los manifestantes, quienes denunciaron agresiones físicas y detenciones arbitrarias.
La acción desató una ola de críticas contra el gobierno de Tabasco, encabezado por Javier May, de Morena. Organizaciones estudiantiles y ciudadanos han condenado la represión, señalando que el uso de la fuerza fue desproporcionado y violatorio de los derechos humanos.
En respuesta, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Tabasco. La denuncia busca que se investiguen las violaciones a los derechos de los estudiantes y se castigue a los responsables del operativo.
Los estudiantes desalojados exigían la salida del director del tecnológico, a quien acusan de favorecer a familiares y allegados en la asignación de puestos, además de ejercer prácticas autoritarias. El plantón, según los manifestantes, era una medida desesperada ante la falta de respuesta de las autoridades educativas.
La represión en Balancán no es un caso aislado. En los últimos años, diversas protestas estudiantiles en México han sido disueltas con tácticas similares, lo que ha generado cuestionamientos sobre el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la manifestación.
La CEDH de Tabasco ya inició una investigación para determinar si hubo abuso de autoridad y violaciones a los derechos humanos durante el desalojo. Se espera que en los próximos días se emita un pronunciamiento oficial sobre el caso.
Mientras tanto, en Villahermosa, estudiantes de otras instituciones se han solidarizado con los afectados y realizaron protestas para exigir justicia. Los manifestantes demandan que se castigue a los responsables y se garantice que no habrá más represiones contra quienes alzan la voz.
El gobierno de Tabasco no ha emitido una postura clara sobre los hechos. La falta de diálogo y la respuesta violenta han avivado las críticas contra la administración morenista, que enfrenta un creciente descontento social en la entidad.
Este episodio pone en el centro del debate la forma en que las autoridades manejan las protestas y el respeto a los derechos de los jóvenes, en un contexto donde la educación pública enfrenta múltiples desafíos en el país.