La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León ha propuesto una sanción de 80 millones de pesos a la empresa Ternium por el derrame de 400 mil litros de cloruro ferroso y agua ácida en el arroyo La Talaverna. El incidente, ocurrido el 17 de abril en la planta Churubusco, ha generado una ola de críticas y exigencias por parte de legisladores y activistas. La multa, calificada como histórica por las autoridades estatales, busca castigar el daño ambiental que afectó flora y fauna en cuatro municipios.
Diputados locales de diversas bancadas han señalado que la sanción económica no es suficiente. Argumentan que una empresa con los recursos de Ternium, que factura miles de millones al año, puede absorber fácilmente esta multa sin cambiar sus prácticas. La afectación al arroyo La Talaverna, que dejó un rastro de contaminación de 11 kilómetros, ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de las industrias en la zona metropolitana de Monterrey.
El derrame ha causado estragos en el ecosistema local, con reportes de tortugas, peces, ranas y castores muertos, según expertos como Roberto Chavarría, exdirector de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León. Vecinos de colonias cercanas, como Sebastián Elizondo en Apodaca, también denunciaron la muerte de ganado tras beber agua contaminada. Estas pérdidas han intensificado las críticas hacia Ternium por su aparente falta de acción inmediata.
Legisladores como Claudia Chapa, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, han exigido inspecciones regulares por parte de autoridades federales como Profepa y Semarnat. Chapa advirtió que trasladar la planta a otro municipio no resuelve el problema, ya que podría seguir contaminando en otra región. La prioridad, según ella, es garantizar que las empresas cumplan con normas ambientales estrictas.
Por su parte, la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, ha sido clara al pedir la reubicación de Ternium fuera de la zona metropolitana. Argumenta que el crecimiento urbano de Monterrey hace insostenible la presencia de industrias contaminantes en el corazón de la ciudad. Reyes subrayó que la salud pública debe estar por encima de los intereses económicos de cualquier empresa.
El exsenador Víctor Fuentes también se sumó a las voces que abogan por la reubicación. Propuso que Ternium podría trasladarse a estados como Tabasco o Guerrero, donde, según él, el impacto ambiental sería menor. Fuentes insistió en que el costo de mover la planta es insignificante comparado con el daño a la salud y el medio ambiente en Nuevo León.
Mientras tanto, la Secretaría de Medio Ambiente estatal, encabezada por Alfonso Martínez, ha defendido la sanción como un paso firme. Sin embargo, la falta de claridad sobre las medidas de remediación y los resultados de las inspecciones ha generado escepticismo. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró parcialmente la planta, pero solo en el área de la Granja de Tanques, lo que muchos consideran una medida tibia.
El caso de Ternium ha puesto en evidencia la tensión entre el desarrollo industrial y la protección ambiental en Nuevo León. Con una crisis de contaminación que supera los límites recomendados por organismos internacionales, la presión sobre las autoridades y la empresa no hace más que crecer. La pregunta sigue en el aire: ¿será esta sanción el inicio de un cambio real o solo un parche temporal?