Una narcomanta dirigida al comisario en jefe de la policía municipal de Chihuahua, Julio César Salas, ha desatado alarma en la ciudad. El mensaje, colocado en un lugar público durante la madrugada, contiene amenazas directas contra el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y señalamientos sobre presuntas irregularidades en la corporación. La aparición de este mensaje evidencia la creciente ola de violencia que azota al estado, mientras las autoridades parecen incapaces de contener a los grupos criminales.
El comisario Salas, en una entrevista reciente, minimizó el incidente al declarar que el tema de la narcomanta no forma parte de su agenda diaria. Según sus palabras, la investigación de este tipo de mensajes corresponde al equipo de inteligencia, lo que ha generado críticas por su aparente indiferencia ante un hecho que pone en riesgo la seguridad pública. La ciudadanía se pregunta si esta postura refleja una falta de estrategia para enfrentar la delincuencia organizada.
Por su parte, el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, también restó importancia al mensaje. En declaraciones a los medios, afirmó que no presta atención a las narcomantas, ya que provienen de grupos delictivos, y aseguró que el contenido no representa una preocupación significativa para la Fiscalía. Esta respuesta ha avivado las críticas sobre la falta de acción contundente por parte de las autoridades estatales.
La narcomanta no solo amenaza al comisario, sino que también expone supuestos vínculos entre elementos de la policía municipal y actividades ilícitas. Estos señalamientos han generado un clima de desconfianza hacia la corporación, que ya enfrenta cuestionamientos por su desempeño en la lucha contra el crimen. La población exige respuestas claras y acciones concretas para garantizar su seguridad.
Chihuahua ha sido escenario de un aumento en los índices de violencia en los últimos meses. Operativos como el realizado en el bar La Capital, donde se lograron detenciones importantes, no parecen ser suficientes para frenar la inseguridad. Los ciudadanos viven con temor ante la posibilidad de que los enfrentamientos entre grupos criminales escalen y afecten a la población civil.
La postura de las autoridades, que optan por desestimar las narcomantas en lugar de abordarlas con seriedad, refleja una desconexión con las preocupaciones de la ciudadanía. La falta de una estrategia integral para combatir la delincuencia organizada mantiene a Chihuahua en una situación de vulnerabilidad, donde los mensajes intimidatorios se convierten en una constante.
Este incidente se suma a otros casos similares en el estado, como la narcomanta encontrada en Ciudad Juárez dirigida a la gobernadora Maru Campos. La proliferación de estos mensajes demuestra el poder que los grupos criminales ejercen en la región, mientras las autoridades luchan por recuperar el control. La ciudadanía se pregunta hasta cuándo seguirá esta ola de amenazas sin una respuesta efectiva.
La seguridad en Chihuahua está en jaque, y la narcomanta contra el comisario Salas es solo un síntoma de un problema mucho mayor. La población espera que las autoridades dejen de minimizar estos hechos y tomen medidas urgentes para frenar la violencia. Mientras tanto, la incertidumbre y el miedo se apoderan de las calles, dejando claro que la crisis de inseguridad está lejos de resolverse.