En un operativo en Tijuana, Baja California, autoridades federales y locales aseguraron más de 81 kilogramos de drogas, incluyendo cocaína y fentanilo, en un inmueble que servía como centro de almacenamiento. La operación, coordinada por el Gabinete de Seguridad, expone una vez más la gravedad del narcotráfico en el país.
El cateo se llevó a cabo en una vivienda en Tijuana, donde se decomisaron 76.28 kilogramos de cocaína, 3 kilogramos de fentanilo y 2.27 kilogramos de pastillas con diversas sustancias. Además, se confiscaron tres vehículos que presuntamente eran utilizados para el trasiego de estupefacientes.
La acción fue ejecutada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, en colaboración con la Secretaría de Seguridad de Baja California. Sin embargo, no se reportaron detenciones, lo que levanta cuestionamientos sobre la efectividad de estos operativos.
El aseguramiento se atribuye a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más poderosos y violentos del país. Este hallazgo evidencia la presencia constante de organizaciones delictivas en la frontera norte, una zona estratégica para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
La droga decomisada tiene un valor estimado de millones de pesos en el mercado ilegal, pero el problema va más allá del aspecto económico. El fentanilo, en particular, representa una amenaza creciente debido a su alta potencia y su impacto en la crisis de adicciones en ambos lados de la frontera.
Tijuana sigue siendo uno de los epicentros de la violencia ligada al narcotráfico. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, los decomisos no parecen disminuir la actividad criminal, lo que pone en duda las estrategias del gobierno federal para combatir la inseguridad.
El Operativo Frontera Norte, acordado entre el gobierno mexicano y Estados Unidos, busca reforzar la seguridad en la región y evitar el tráfico de drogas. Sin embargo, los resultados parecen insuficientes frente a la magnitud del problema que enfrentan las comunidades fronterizas.
La falta de detenciones en este caso resalta un patrón preocupante: grandes cantidades de droga son incautadas, pero los responsables rara vez enfrentan consecuencias. Esto alimenta la percepción de impunidad y debilidad en las instituciones encargadas de la seguridad pública.
Mientras tanto, los ciudadanos de Tijuana y otras ciudades fronterizas viven bajo la sombra de la violencia y el crimen organizado. La pregunta sigue en el aire: ¿cuándo habrá una estrategia efectiva para frenar esta crisis que parece no tener fin?
Este decomiso es solo una muestra más de la lucha diaria contra el narcotráfico, pero también un recordatorio de que la inseguridad sigue siendo uno de los mayores retos para México. La solución, al parecer, está lejos de alcanzarse.