La agrupación musical Los Alegres del Barranco enfrenta un nuevo capítulo en su controversia legal tras ser vinculada a proceso por apología del delito en Jalisco. Este lunes, un juez del estado dictó medidas cautelares contra los integrantes de la banda, quienes ahora no podrán salir de la entidad y deberán presentarse semanalmente ante las autoridades. La decisión judicial se deriva de un concierto realizado el 29 de marzo en el Auditorio Telmex, en Zapopan, donde se proyectaron imágenes y se interpretó un corrido que exalta a un líder del crimen organizado.
La Fiscalía de Jalisco ha sido clara: los músicos, junto con su representante y promotor, enfrentan cuatro carpetas de investigación. Además del caso en Zapopan, se les señala por presentaciones en los municipios de Villa Purificación, Cihuatlán y Tequila. En cada uno de estos eventos, la banda habría incurrido en actos considerados como apología del delito, al interpretar o promover corridos que hacen referencia a figuras del narcotráfico, como Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El caso ha generado un fuerte revuelo, no solo por la popularidad de Los Alegres del Barranco, sino también por el debate que ha desatado sobre los límites de la libertad de expresión en la música regional mexicana. Durante la audiencia en los Juzgados de Control y Juicio Oral en Puente Grande, los integrantes se abstuvieron de declarar, una postura que han mantenido desde el inicio de las investigaciones. Esto no ha impedido que el juez avance con las medidas cautelares, incluyendo una garantía económica de 1.8 millones de pesos.
El concierto del 29 de marzo en Zapopan marcó el inicio de esta tormenta legal. La banda interpretó el corrido “El dueño del palenque” mientras proyectaba imágenes alusivas a “El Mencho”. Este acto provocó la indignación de las autoridades estatales, encabezadas por el gobernador Pablo Lemus, quien ha insistido en vetar cualquier presentación que glorifique al crimen organizado. Lemus ha calificado las acciones de la agrupación como una “burla” a la justicia, especialmente tras reincidir en eventos posteriores.
En Villa Purificación, durante la Feria de la Piña, la banda volvió a interpretar el polémico corrido, aunque sin proyectar imágenes. En Cihuatlán y Tequila, optaron por una estrategia diferente: no cantaron los temas directamente, pero proyectaron las letras en pantallas para que el público las interpretara, en lo que las autoridades han llamado un “narco-karaoke”. Estas acciones han sido interpretadas como un intento de evadir las prohibiciones, pero no han pasado desapercibidas por la Fiscalía.
El gobernador Lemus ha ido más allá, exigiendo que los alcaldes de los municipios donde se realizaron estos conciertos rindan cuentas. Según el mandatario, los presidentes municipales de Cihuatlán, Tequila y Villa Purificación firmaron compromisos para evitar la apología del delito en eventos autorizados. La permisividad de estas autoridades locales, señala Lemus, las hace corresponsables de los hechos.
La controversia también ha tenido repercusiones internacionales. Estados Unidos revocó las visas de trabajo y turismo de los integrantes de Los Alegres del Barranco tras el escándalo del Auditorio Telmex. Esto ha obligado a la agrupación a cancelar presentaciones programadas en el vecino país, afectando su agenda y su imagen pública. La banda, originaria de Sinaloa, es conocida por sus corridos y música norteña, géneros que a menudo generan polémica por su cercanía con temáticas del narcotráfico.
El vocalista de la agrupación, Pável, ha defendido su trabajo argumentando que se trata de libertad de expresión. Sin embargo, sus comentarios en redes sociales, donde ha calificado a la prensa de “amarillista”, han avivado las críticas. Mientras tanto, la Fiscalía de Jalisco continúa recopilando pruebas, y el proceso legal podría establecer un precedente en la regulación de los narcocorridos en México.
El caso de Los Alegres del Barranco pone sobre la mesa una discusión compleja: ¿dónde termina la libertad artística y comienza la apología del delito? Por ahora, la banda enfrenta un futuro incierto, con restricciones de movilidad y la obligación de comparecer regularmente ante las autoridades. La resolución de este caso podría marcar un antes y un después en la forma en que se abordan estas expresiones musicales en el país.