En un hecho que ha generado indignación en el Estado de México, dos feminicidas condenados a 100 años de prisión fueron liberados debido a un amparo otorgado por el Poder Judicial. Se trata de José Juan Hernández Tecruceño y Luis Ángel Atayde Reyes, responsables del feminicidio de Fátima Varinia, una menor de 12 años asesinada en 2015 en Lerma. Este caso, que marcó a la comunidad por su brutalidad, vuelve a encender las alarmas sobre las fallas en el sistema judicial.
El feminicidio de Fátima ocurrió el 5 de febrero de 2015, cuando la menor fue interceptada por sus agresores, quienes la violentaron sexualmente y la asesinaron. Los responsables, identificados como vecinos de la víctima, fueron sentenciados en 2017 tras un arduo proceso impulsado por la familia de la menor. Sin embargo, la liberación de Hernández Tecruceño, beneficiado por un amparo, y la previa excarcelación de Misael Atayde Reyes, quien cumplió solo cinco años por ser menor de edad al cometer el crimen, han desatado críticas hacia las autoridades.
Lorena Gutiérrez, madre de Fátima, expresó su impotencia ante la decisión judicial. En entrevista, señaló que el Poder Judicial parece empeñado en otorgar beneficios a los feminicidas, recordando que en 2017 ya se había dictado una sentencia absolutoria que la familia tuvo que apelar. La reciente resolución obliga a la familia a enfrentar nuevas audiencias para determinar si Hernández Tecruceño debe permanecer en prisión, un proceso que revive el dolor a casi una década del crimen.
La liberación de estos feminicidas no es un caso aislado en el Estado de México. Activistas y familiares de víctimas han denunciado que las reducciones de sentencias y los amparos son una constante en casos de feminicidio. Según datos de organizaciones civiles, las condenas efectivas por este delito rara vez se cumplen en su totalidad, lo que perpetúa la percepción de impunidad en un país donde la violencia contra las mujeres no da tregua.
El caso de Fátima Varinia se ha convertido en un símbolo de la lucha por la justicia en México. La familia, apoyada por colectivos feministas, ha mantenido viva la memoria de la menor a través de un memorial en Lerma, que también sirve como punto de protesta contra las decisiones judiciales que favorecen a los agresores. La reubicación de este memorial, ordenada por el gobierno estatal, fue otro golpe para los seres queridos de la víctima.
La indignación por estas liberaciones se suma a la creciente preocupación por el aumento de la violencia de género en el Estado de México. En los últimos años, la entidad ha registrado un incremento en los casos de feminicidio, con cifras que superan los 100 casos anuales, según reportes oficiales. La falta de políticas efectivas para prevenir y castigar estos crímenes sigue siendo un reclamo constante de la sociedad civil.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han acompañado a la familia de Fátima en su exigencia de justicia. Estas agrupaciones han señalado que el sistema judicial mexicano carece de perspectiva de género y que las resoluciones, como la de este caso, desincentivan las denuncias y profundizan la desconfianza en las instituciones. La lucha de la familia, dicen, es un reflejo de lo que enfrentan miles de víctimas en el país.
El caso de Fátima Varinia pone en evidencia las grietas de un sistema que, lejos de proteger a las víctimas, parece proteger a los victimarios. Mientras la familia se prepara para nuevas batallas legales, la sociedad mexicana sigue exigiendo un alto a la impunidad. La liberación de estos feminicidas no solo es un revés para la justicia, sino una herida abierta para quienes buscan un país donde las mujeres puedan vivir sin miedo.