José Ascención Murguía, exalcalde de Teuchitlán, Jalisco, enfrenta graves acusaciones tras su detención por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el caso del Rancho Izaguirre. La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala por delincuencia organizada, desaparición forzada y abuso de autoridad, en un caso que ha conmocionado a la opinión pública.
El Rancho Izaguirre, ubicado en la comunidad de La Estanzuela, operaba como un campo de entrenamiento y, según colectivos de búsqueda, como un centro de exterminio del CJNG. Desde 2014, imágenes satelitales ya mostraban la existencia del predio, que funcionó durante años sin que las autoridades locales intervinieran de manera efectiva.
Murguía, quien gobernó Teuchitlán en tres periodos (2012-2015, 2021-2024 y parte de 2024-2027) bajo la bandera de Movimiento Ciudadano, aseguró en entrevistas previas que desconocía las actividades ilícitas en el rancho. Sin embargo, la FGR sostiene que el exalcalde fue notificado de lo que ocurría y no actuó, permitiendo que el crimen organizado operara con impunidad.
En septiembre de 2024, la Guardia Nacional intervino el rancho tras un enfrentamiento, deteniendo a 10 personas y rescatando a dos víctimas. Pese a ello, las investigaciones no avanzaron hasta marzo de 2025, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió restos óseos, cientos de prendas y objetos personales, evidenciando la magnitud de las atrocidades cometidas.
La detención de Murguía, ocurrida el 3 de mayo de 2025, ha destapado una red de complicidades que involucra a policías municipales de Tala y otros funcionarios. Tres exoficiales de Tala ya fueron vinculados a proceso por desaparición forzada, tras entregar víctimas al CJNG en el rancho.
El caso ha generado indignación por las omisiones de las autoridades. La FGR señaló que la Fiscalía de Jalisco, durante la administración de Enrique Alfaro, incurrió en al menos 13 irregularidades, como no investigar a fondo el predio ni tomar declaraciones a funcionarios clave, lo que permitió que el rancho siguiera operando.
Organizaciones como Amnistía Internacional han exigido una investigación transparente que incluya a peritos independientes y dé voz a los familiares de las víctimas. El colectivo Guerreros Buscadores ha denunciado que, sin su intervención, el caso habría permanecido en la sombra.
Mientras tanto, el exalcalde permanece bajo prisión preventiva, a la espera de que se defina su situación legal. Su defensa solicitó 144 horas para preparar una estrategia, pero las pruebas presentadas por la FGR apuntan a una colaboración directa con el CJNG, lo que podría complicar su caso.
El escándalo del Rancho Izaguirre expone la infiltración del crimen organizado en instituciones locales y la falta de acción de las autoridades. La sociedad jalisciense exige justicia y claridad sobre cuántas víctimas pasaron por este campo del horror.
Este caso, que ha sacudido a Jalisco, pone en entredicho la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad y combatir la impunidad. La detención de Murguía es solo el comienzo de una investigación que podría revelar más nombres y responsabilidades.