La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, Carlos Torres, enfrentan un nuevo capítulo de incertidumbre tras la revocación de sus visas estadounidenses. La noticia, que estalló en redes sociales, ha generado un torbellino de especulaciones y críticas, mientras el gobierno de Estados Unidos se limita a responder con evasivas.
A través de un comunicado en sus redes, la mandataria morenista confirmó que el gobierno estadounidense le retiró su visa, poco después de que su esposo recibiera la misma notificación. Ávila señaló que la medida está vinculada a una situación que afecta a Torres, aunque no ofreció detalles específicos sobre las razones detrás de esta decisión.
Por su parte, Carlos Torres, actual coordinador de proyectos estratégicos en Tijuana y exmilitante del PAN, aseguró que la cancelación de su visa responde a disposiciones internas del Departamento de Estado. En un intento por calmar las aguas, afirmó que no existe ninguna acusación formal ni investigación en su contra, ni en México ni en Estados Unidos.
La Embajada de Estados Unidos en México se pronunció con una declaración que dejó más preguntas que respuestas. Según un vocero, los registros de visas son confidenciales bajo la ley estadounidense, por lo que no pueden discutir detalles de casos individuales. Esta opacidad ha alimentado las especulaciones sobre las verdaderas causas de la medida.
La presidenta Claudia Sheinbaum, desde Palacio Nacional, admitió que el gobierno federal no fue notificado sobre la revocación de las visas. En su conferencia matutina, señaló que se solicitará información al gobierno estadounidense para esclarecer los motivos, aunque evitó adelantar conclusiones.
El partido Morena cerró filas en torno a la gobernadora. En un comunicado, acusó a la oposición, particularmente al PAN, de intentar aprovechar la situación para generar narrativas falsas y desestabilizadoras. Según el partido, se trata de un asunto meramente administrativo, sin implicaciones de corrupción o investigaciones.
Sin embargo, la oposición no se quedó callada. El grupo parlamentario del PAN en el Senado exigió a Ávila una explicación clara y contundente sobre las razones detrás de la cancelación de su visa. Argumentaron que los ciudadanos de Baja California merecen transparencia, dado el impacto que esta medida podría tener en la relación con Estados Unidos.
La Federación Estatal de Abogados de Baja California también alzó la voz, exigiendo a la gobernadora que revele los motivos de la restricción. Subrayaron que, en un estado con altos índices de inseguridad, la colaboración con Estados Unidos es crucial, y esta situación podría complicar las estrategias binacionales.
Mientras tanto, reportes de medios locales han sugerido que la cancelación podría estar vinculada a una investigación en curso sobre presuntas conexiones con grupos ilícitos. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido confirmadas por las autoridades estadounidenses, lo que mantiene el caso envuelto en un manto de misterio.
La gobernadora, por su parte, insistió en que seguirá gobernando con el corazón por delante y confía en que la situación se resolverá pronto. No obstante, la falta de claridad y las evasivas de Estados Unidos mantienen este episodio como un punto de tensión en la política mexicana.