La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León ha anunciado una sanción de 80 millones de pesos contra Ternium, la empresa siderúrgica responsable de un grave derrame tóxico en el arroyo La Talaverna. El incidente, ocurrido el 17 de abril, afectó 11 kilómetros de cauce y causó estragos en la flora y fauna de la región.
El derrame de 400,000 litros de cloruro ferroso, agua ácida y ácido clorhídrico dejó un rastro de devastación en los municipios de San Nicolás, Guadalupe, Apodaca y Pesquería. La contaminación provocó la muerte de tortugas de concha blanda, una especie protegida, así como de borregos, cabras y gallinas que bebieron agua contaminada.
A pesar de que Ternium afirmó que el derrame no representaba riesgos para la salud, las autoridades estatales y federales han documentado daños severos. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró parcialmente la planta Churubusco, específicamente el área de Granja de Tanques, donde ocurrió el colapso de un tanque que desencadenó el desastre.
El gobierno de Nuevo León, encabezado por el secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez, calificó la sanción como ejemplar. Sin embargo, expertos consideran que la multa es insuficiente frente a los millonarios ingresos de Ternium, que reporta utilidades de miles de millones de pesos anuales.
Organizaciones ambientalistas y legisladores locales han exigido medidas más drásticas, incluyendo la reubicación de la planta Churubusco fuera de la zona metropolitana de Monterrey. Argumentan que la empresa ha mostrado negligencia recurrente en sus procesos, poniendo en riesgo la salud pública y el medio ambiente.
Roberto Chavarría, exdirector de Parques y Vida Silvestre, destacó la afectación a especies como castores, cuya presencia era un indicador de recuperación ambiental en los ríos de Nuevo León. El daño a estos ecosistemas, según especialistas, podría tener consecuencias a largo plazo.
La empresa, por su parte, asegura haber implementado un plan de remediación desde el primer día, con 150 brigadistas trabajando en la limpieza del arroyo. Sin embargo, vecinos de colonias cercanas reportan que los residuos aún son visibles en tramos del cauce, lo que cuestiona la efectividad de las acciones de Ternium.
La indignación ciudadana sigue creciendo, con voces como la del alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo, que exigen el cierre definitivo de la planta. Mientras tanto, el gobierno estatal insiste en que evalúa todas las opciones para garantizar un medio ambiente sano para la población.
Este caso ha reavivado el debate sobre la regulación de industrias contaminantes en Nuevo León. La falta de una legislación ambiental más estricta y la permisividad hacia empresas como Ternium, según críticos, perpetúan este tipo de desastres ecológicos.
La sanción de 80 millones de pesos marca un precedente, pero la pregunta persiste: ¿será suficiente para obligar a Ternium a cambiar sus prácticas y prevenir futuros derrames? La ciudadanía espera respuestas concretas y acciones contundentes.