La empresa Ternium enfrenta una sanción de 80 millones de pesos impuesta por el gobierno de Nuevo León tras un grave derrame tóxico en el arroyo La Talaverna. El incidente, ocurrido el 17 de abril, dejó un rastro de contaminación que afectó flora, fauna y comunidades locales.
El derrame de 400 mil litros de cloruro ferroso, agua ácida y ácido clorhídrico, provenientes de la planta Churubusco en Monterrey, impactó 11 kilómetros del arroyo, causando la muerte de tortugas, peces, castores y hasta ganado de vecinos. La Secretaría de Medio Ambiente estatal, liderada por Alfonso Martínez, calificó el hecho como una negligencia ambiental de gran magnitud.
Autoridades locales y federales, como la Profepa, actuaron tras el desastre. La dependencia federal clausuró parcialmente el área de Granja de Tanques de Ternium, donde colapsaron tres tanques, desencadenando el derrame. Además, se exigió a la empresa un plan de remediación y estudios para evaluar el daño al ecosistema.
Ternium, dirigida por Máximo Vedoya, afirmó que el arroyo está normalizado desde el 21 de abril gracias a sus labores de limpieza con 150 brigadistas. Sin embargo, las autoridades y expertos cuestionan la efectividad de estas acciones, señalando que los químicos pudieron dispersarse a cuerpos de agua más grandes, agravando el impacto.
La multa de 80 millones busca ser ejemplar, aunque especialistas como Carlos Álvarez Flores, de México Comunicación y Ambiente, consideran que debería ser mayor, proponiendo hasta mil millones de pesos. También se habla de clausura definitiva o reubicación de la planta, dada su historial de emisiones contaminantes.
Vecinos de colonias como Sebastián Elizondo, en Apodaca, reportaron pérdidas de borregos, cabras y gallinas que bebieron agua contaminada. La indignación ciudadana crece, exigiendo medidas más drásticas contra Ternium por poner en riesgo la salud pública y el medio ambiente.
Diputados locales, como Sandra Pámanes de Movimiento Ciudadano, critican la respuesta laxa de la federación, comparándola con sanciones más severas en otros estados. La presión para reubicar la planta fuera del área metropolitana de Monterrey aumenta, argumentando que su operación es incompatible con el crecimiento urbano.
El gobierno estatal, junto con Agua y Drenaje de Monterrey, continúa tomando muestras para evaluar el daño al suelo y agua. Mientras tanto, la ciudadanía y organizaciones ambientales exigen transparencia y acciones concretas para evitar que tragedias como esta se repitan en Nuevo León.
Este caso se suma a otros señalamientos contra Ternium, como el aumento de emisiones de metales pesados en los últimos años. La empresa, que procesa millones de toneladas de residuos peligrosos, está bajo escrutinio por su impacto ambiental en la región.