Un operativo policial en Balancán, Tabasco, dejó en evidencia la contradicción del gobierno de Morena: mientras la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que “no debe haber represión”, las fuerzas estatales y la Guardia Nacional desalojaron con violencia a estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos. Los jóvenes exigían justicia y mejoras educativas, pero fueron recibidos con gas lacrimógeno y golpes.
La protesta estudiantil, que comenzó el 2 de abril, buscaba la destitución del director del plantel, Iván Arturo Pérez Martínez, acusado de corrupción, nepotismo y acoso sexual. Tras semanas de plantones y bloqueos en la carretera Balancán-Villahermosa, el gobierno de Tabasco, encabezado por Javier May, decidió intervenir. El resultado: un desalojo violento que dejó al menos 10 heridos y una comunidad indignada.
Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina desde Palacio Nacional, intentó calmar las aguas. Afirmó que el gobernador Javier May ya está en diálogo con los estudiantes para evitar que estos hechos se repitan. Sin embargo, sus palabras suenan vacías para muchos, pues la represión ocurrió bajo el mando de un gobierno morenista que ella misma respalda.
El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente, justificó el operativo. Argumentó que el bloqueo afectaba el acceso al hospital y que los manifestantes tenían “explosivos”. Sin embargo, comerciantes locales desmintieron estas afirmaciones, asegurando que nunca pidieron el desalojo y que la represión fue desmedida.
Los estudiantes, lejos de rendirse, han recibido el respaldo de la sociedad civil. Tras el violento desalojo, habitantes de Balancán retomaron el bloqueo carretero, quemaron llantas y exigieron diálogo real. La represión, en lugar de apagar la protesta, la convirtió en un movimiento comunitario que clama por justicia.
La Secretaría de Educación de Tabasco anunció la renuncia del director Pérez Martínez tras el escándalo, pero los manifestantes insisten en que no hay avances reales. Denuncian que las autoridades protegen a figuras corruptas por motivos políticos, mientras los estudiantes y maestros enfrentan amenazas y un clima de miedo.
Este episodio pone en tela de juicio el compromiso de Sheinbaum con los derechos de los jóvenes. Mientras se presenta como una líder progresista, los hechos en Tabasco muestran un gobierno que recurre a la fuerza para silenciar demandas legítimas. La narrativa de diálogo choca con la realidad de los toletes y el gas lacrimógeno.
El caso de Balancán no es aislado. La represión de protestas estudiantiles y sociales ha sido una constante en gobiernos de Morena, a pesar de los discursos de inclusión. La pregunta que queda es clara: ¿hasta cuándo seguirán los estudiantes pagando el precio de un sistema que promete cambio, pero actúa con autoritarismo?