Una joven de 22 años vivió una pesadilla en la Ciudad de México tras abordar un vehículo que se hacía pasar por Uber. Lo que parecía un viaje rutinario se convirtió en un caso alarmante de violencia, exponiendo nuevamente los peligros que enfrentan las mujeres en el transporte privado.
El incidente ocurrió en la alcaldía Iztapalapa, cuando la víctima solicitó un viaje a través de una aplicación. Sin embargo, el conductor no estaba registrado en la plataforma oficial de Uber, operando como un servicio pirata. Según el testimonio de la pasajera, el hombre la llevó a una zona alejada, donde presuntamente la agredió sexualmente.
La víctima logró escapar y denunciar los hechos ante las autoridades. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México inició una investigación, pero el sospechoso permanece prófugo. Este caso ha desatado indignación entre los ciudadanos, quienes exigen justicia y mayor regulación en el transporte por aplicaciones.
La falta de controles efectivos para evitar conductores piratas vuelve a estar en el centro de la polémica. Las plataformas de transporte enfrentan críticas constantes por no garantizar la seguridad de sus usuarios, especialmente de las mujeres, quienes son las más vulnerables en estos servicios.
Organizaciones feministas han alzado la voz, señalando que este tipo de agresiones no son casos aislados. En lo que va del año, se han reportado múltiples incidentes similares en la capital, lo que evidencia un problema estructural en la seguridad del transporte privado.
La respuesta de las autoridades ha sido cuestionada. Aunque se han implementado operativos para detectar taxis piratas, los resultados son insuficientes. La ciudadanía exige medidas concretas, como revisiones más estrictas de antecedentes y sistemas de verificación en tiempo real para los conductores.
Uber México emitió un comunicado desvinculándose del caso, aclarando que el vehículo no formaba parte de su plataforma. Sin embargo, esto no ha calmado las críticas, ya que los usuarios consideran que la empresa debe asumir mayor responsabilidad en la prevención de estos delitos.
Este nuevo caso de violencia pone en evidencia la crisis de inseguridad que azota al país. Las mujeres siguen enfrentando riesgos al usar servicios de transporte, mientras las autoridades parecen incapaces de frenar la ola de agresiones que no da tregua.