Hace 20 años, el Estado de México fue escenario de uno de los escándalos de corrupción electoral más sonados: el caso de Cartonera Plástica. Este episodio, ocurrido en 2005, expuso las entrañas de un sistema electoral vulnerable, donde el poder y el dinero se entrelazaron para manipular procesos democráticos. La empresa Cartonera Plástica S.A. de C.V. estuvo en el centro de las acusaciones por presuntos sobornos a funcionarios del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).
El caso estalló en un contexto de alta tensión política, a solo 40 días de la elección para gobernador. El consejo general del IEEM, encargado de organizar los comicios, se vio envuelto en una crisis de credibilidad. Acusaciones de sobornos y manejos turbios llevaron a la renuncia masiva del consejo anterior, que negoció su salida con jugosas liquidaciones y la garantía de no enfrentar responsabilidades legales.
Cartonera Plástica no era nueva en controversias. Ya en 2003, en la Ciudad de México, y en 2004, en Oaxaca, la empresa enfrentó señalamientos por incumplimientos y sospechas de soborno. Su posición monopólica en la fabricación de materiales electorales plastificados le permitió operar con amplia influencia, pero también la colocó bajo el escrutinio público. En el caso del Estado de México, las acusaciones apuntaron a un esquema de cohecho que involucró a funcionarios clave.
El escándalo tuvo consecuencias inmediatas. La legislatura local destituyó a los consejeros del IEEM, pero las sanciones reales fueron mínimas. Solo funcionarios menores enfrentaron castigos administrativos, mientras los principales responsables quedaron impunes. Este episodio dejó en evidencia la fragilidad de las instituciones electorales y la falta de voluntad política para combatir la corrupción.
El caso también reflejó un problema estructural: la sumisión del IEEM a los poderes locales. Durante años, el instituto operó bajo la sombra de pactos políticos que priorizaban intereses de partido sobre la transparencia. La designación de consejeros y altos funcionarios estaba marcada por cuotas de poder, lo que minaba su autoridad moral y alimentaba la desconfianza ciudadana.
A pesar de la gravedad del caso, el sistema electoral mexiquense no se reformó de fondo. El IEEM continuó enfrentando críticas por su opacidad y su cercanía con los poderes fácticos. Otros escándalos posteriores, como el atentado no aclarado contra una funcionaria en 2003 o los dispendios económicos, reforzaron la percepción de un organismo capturado por intereses políticos.
El caso de Cartonera Plástica dejó un legado amargo. Aunque la elección de 2005 siguió adelante, la credibilidad del proceso quedó severamente dañada. La ciudadanía, testigo de estas maniobras, respondió con apatía: los altos niveles de abstención en comicios posteriores reflejaron el hartazgo y la desconfianza hacia un sistema que parecía diseñado para perpetuar la impunidad.
A 20 años de distancia, este escándalo sigue siendo un recordatorio de los retos que enfrenta la democracia mexicana. La lucha por instituciones electorales autónomas y transparentes continúa, mientras casos como este evidencian la necesidad de una vigilancia ciudadana constante para evitar que el poder y el dinero sigan torciendo la voluntad popular.
La impunidad de entonces resuena hoy. Aunque han pasado dos décadas, la pregunta sigue en el aire: ¿qué tanto han cambiado las prácticas que permitieron un escándalo como el de Cartonera Plástica? La historia de este caso es una advertencia de que la corrupción electoral no es solo un problema del pasado, sino un desafío que exige acción y compromiso para garantizar elecciones limpias y justas.