Las diputadas federales del PAN, Rocío González y Manque Granados, han levantado la voz desde Chihuahua para exigir al gobierno federal que ponga un alto a la importación ilegal de ganado proveniente de Centroamérica. Esta práctica, según las legisladoras, está causando estragos en el sector ganadero mexicano, especialmente en los productores locales que enfrentan pérdidas millonarias.
El problema no es menor. La entrada de ganado sin controles sanitarios estrictos ha desatado una crisis que afecta directamente a Chihuahua, uno de los estados más importantes en la producción ganadera del país. Las diputadas señalan que la falta de acción por parte del gobierno ha permitido que ganado potencialmente infectado cruce las fronteras, poniendo en riesgo la salud del hato nacional.
Uno de los puntos más graves es la presencia del gusano barrenador, una plaga que infecta las heridas del ganado y que ha generado preocupación en México y en el extranjero. Las omisiones en la frontera sur, según las legisladoras, han llevado a Estados Unidos a imponer restricciones a la exportación de ganado mexicano, un golpe duro para los ganaderos que dependen de este mercado.
Manque Granados, en particular, ha denunciado que el gobierno federal no ha implementado protocolos sanitarios efectivos. La falta de revisión en los puntos de entrada ha permitido que el problema crezca sin control, afectando no solo a Chihuahua, sino a otros estados ganaderos. La legisladora subrayó que estas fallas son una amenaza directa a la economía de miles de familias.
Por su parte, Rocío González destacó que el sector ganadero de Chihuahua no ha reportado casos de gusano barrenador, lo que demuestra que los productores locales cumplen con altos estándares sanitarios. Sin embargo, la importación desregulada pone en riesgo estos esfuerzos, castigando a quienes sí hacen las cosas bien.
Las diputadas han presentado un exhorto formal al Ejecutivo federal para que se refuercen los controles en la frontera sur. Su propuesta incluye la implementación de revisiones sanitarias más estrictas y medidas para limitar la entrada de ganado ilegal. Este llamado busca proteger a los ganaderos y garantizar la competitividad del sector frente a mercados internacionales.
La situación ha generado un impacto económico significativo. Las restricciones de Estados Unidos han frenado exportaciones clave, dejando a los productores en una posición vulnerable. En Chihuahua, donde la ganadería es un pilar económico, las pérdidas se cuentan por millones, afectando no solo a los grandes empresarios, sino también a pequeños productores.
El mensaje de las legisladoras es claro: el gobierno debe actuar con urgencia para cerrar las brechas que permiten la importación ilegal. Sin una respuesta efectiva, el sector ganadero seguirá enfrentando consecuencias devastadoras, con un impacto que podría extenderse a otras regiones del país. La presión está ahora sobre las autoridades federales para responder a este llamado.