En un grito desesperado por justicia, conductoras de plataformas de transporte en México han roto el silencio. Hartas de los abusos, agresiones y la indiferencia de las autoridades, estas mujeres han decidido organizarse para exigir condiciones dignas y seguras en su trabajo. Su lucha no es solo por ellas, sino por todas las que enfrentan los mismos peligros a diario.
El caso de Leonardo Jesús ‘N’, un presunto violador serial detenido en la Ciudad de México, ha encendido las alarmas. Este sujeto, acusado de agredir sexualmente a al menos tres conductoras entre 2023 y 2024, es solo la punta del iceberg. Las trabajadoras denuncian que la violencia sexual es una amenaza constante, y las plataformas parecen mirar hacia otro lado.
La detención de este sospechoso, realizada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, expone un patrón alarmante. Leonardo Jesús ‘N’ seleccionaba a sus víctimas con premeditación, aprovechándose de la vulnerabilidad de las conductoras. Las investigaciones sugieren que podría estar vinculado a más casos, lo que ha generado indignación entre las afectadas.
Las conductoras no solo enfrentan agresiones físicas. También lidian con acoso verbal, discriminación y una falta de protocolos claros por parte de las empresas. Muchas aseguran que, al reportar incidentes, reciben respuestas automáticas o son ignoradas. Esta indiferencia las deja desprotegidas, obligándolas a tomar medidas por su cuenta.
Organizadas en colectivos, estas mujeres han comenzado a visibilizar su realidad. A través de redes sociales y manifestaciones, exigen que las plataformas implementen medidas de seguridad efectivas, como verificaciones más estrictas de pasajeros y botones de pánico funcionales. También piden que las autoridades tomen en serio sus denuncias y castiguen a los responsables.
La violencia contra las conductoras no es un problema nuevo, pero la falta de acción lo agrava. En un país donde la inseguridad parece desbordada, estas trabajadoras se sienten abandonadas por un sistema que no las protege. Sus testimonios revelan una cruda realidad: cada viaje puede ser un riesgo para su vida.
El impacto de estas agresiones va más allá de las víctimas directas. La sociedad entera se ve afectada por el miedo y la desconfianza que generan estos casos. Las conductoras, muchas de ellas sostén de sus familias, merecen trabajar sin temor. Su lucha es un recordatorio de que la seguridad no debe ser un privilegio, sino un derecho.
Mientras las autoridades prometen investigar y las plataformas aseguran revisar sus políticas, las conductoras no bajan la guardia. Su mensaje es claro: no se callarán hasta que sus voces sean escuchadas y sus demandas atendidas. La pregunta sigue en el aire: ¿cuántos casos más harán falta para que se actúe de verdad?