En Jalisco, la inseguridad sigue cobrando un precio alarmante. Según un informe reciente de la Universidad de Guadalajara, 122 jóvenes de entre 15 y 19 años han desaparecido en lo que va de 2025. Este número refleja un incremento preocupante en comparación con años anteriores, y las autoridades parecen no tener respuestas efectivas para frenar esta crisis.
El reporte señala que muchas de estas desapariciones están vinculadas al reclutamiento forzado por parte del crimen organizado. Grupos delictivos aprovechan la vulnerabilidad de los jóvenes, especialmente en zonas metropolitanas como Guadalajara y Zapopan, donde la presencia de cárteles es notoria. La falta de estrategias claras agrava el problema.
Las cifras son escalofriantes. En 2024, el fenómeno ya mostraba un aumento, pero este año la situación se ha acelerado. Los expertos advierten que la ausencia de políticas de prevención y la débil coordinación entre autoridades estatales y federales permiten que estas desapariciones sigan creciendo sin control.
Jalisco es el estado con mayor número de personas desaparecidas en México, con más de 15 mil casos registrados hasta marzo de 2025. La zona metropolitana de Guadalajara concentra más de la mitad de estos casos, lo que evidencia la gravedad del problema en áreas urbanas densamente pobladas.
El informe de la Universidad de Guadalajara destaca que los jóvenes de 15 a 19 años son particularmente vulnerables. Muchos son atraídos con falsas promesas de trabajo o presionados mediante amenazas. Este patrón sugiere una operación sistemática por parte de grupos criminales que operan con impunidad.
La respuesta del gobierno estatal, encabezado por Pablo Lemus, ha sido insuficiente. A pesar de los operativos de búsqueda, los resultados son mínimos. Las familias de los desaparecidos denuncian falta de apoyo y lentitud en las investigaciones, lo que genera desesperación y desconfianza en las instituciones.
A nivel federal, la administración de Claudia Sheinbaum no ha implementado medidas contundentes para abordar esta crisis. Aunque se han anunciado reformas para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, los avances son lentos y no se traducen en soluciones inmediatas para las víctimas y sus familias.
Organizaciones civiles y colectivos de familiares han tomado un rol protagónico ante la inacción oficial. En Jalisco, grupos de buscadoras recorren terrenos y exigen justicia, enfrentándose a riesgos constantes. Su labor pone en evidencia el abandono de las autoridades en esta lucha.
La sociedad jalisciense vive con temor. La desaparición de jóvenes no solo afecta a las familias directamente involucradas, sino que genera un clima de inseguridad generalizado. La falta de acción efectiva perpetúa un ciclo de violencia que parece no tener fin.
Este panorama exige una respuesta urgente. La crisis de desapariciones en Jalisco no puede seguir siendo ignorada. Mientras el crimen organizado gana terreno, los jóvenes pagan el costo de un sistema que no los protege.