La violencia política en México ha alcanzado niveles alarmantes en el primer trimestre de 2025, con un total de 50 homicidios contra políticos y aspirantes a cargos públicos. Según un informe reciente, el partido Morena, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, es el más afectado, con 30 de sus miembros como víctimas. Este escenario pone en evidencia la fragilidad del gobierno ante el crimen organizado y la incapacidad para garantizar la seguridad de quienes participan en la vida política.
El informe detalla que el 81.7% de las víctimas eran figuras vinculadas a gobiernos municipales, un nivel de gobierno particularmente vulnerable a la infiltración del narcotráfico. Municipios como Cuernavaca y Huitzilac, en Morelos, destacan por registrar hasta cinco incidentes cada uno, convirtiendo al estado en el epicentro de la violencia política con 17 casos. Veracruz, Oaxaca, Puebla y Guerrero también figuran entre las entidades más golpeadas, reflejando un problema que se extiende por todo el país.
Morena, el partido en el poder, no solo enfrenta la pérdida de sus militantes, sino también cuestionamientos sobre su estrategia de seguridad. Con 30 casos, supera ampliamente al PRI, que reportó 10 víctimas, y a Movimiento Ciudadano, con nueve. La concentración de ataques contra Morena podría explicarse por su dominio en cargos públicos a nivel nacional, pero esto no justifica la falta de medidas efectivas para proteger a sus propios miembros.
La violencia no se limita a homicidios. El reporte registra 104 incidentes en total, incluyendo 24 amenazas, 15 atentados con arma de fuego, 11 secuestros y dos desapariciones. Estos números pintan un panorama desolador, donde el crimen organizado parece tener carta blanca para intimidar y eliminar a quienes buscan un cargo público. La ausencia de una respuesta contundente del gobierno federal agrava la crisis.
Morelos encabeza la lista de estados con mayor violencia política, seguido de cerca por Veracruz y Oaxaca. En estas regiones, la presencia de grupos criminales es notoria, y la falta de coordinación entre autoridades locales y federales ha dejado a los políticos a merced de los delincuentes. Puebla y Guerrero también reportan cifras preocupantes, con 11 y nueve casos respectivamente, lo que subraya la incapacidad del gobierno para frenar esta ola de violencia.
El informe destaca que los municipios son el blanco principal de los ataques, con el 75.9% de los casos afectando a funcionarios o exfuncionarios públicos. Solo el 15.4% corresponde a aspirantes a cargos de elección popular, una cifra menor que en procesos electorales anteriores, pero que no reduce la gravedad del problema. La violencia política se ha convertido en una herramienta para controlar el poder local, y el gobierno de Sheinbaum parece no tener respuestas.
La crisis de inseguridad en México no es nueva, pero los datos de 2025 muestran un recrudecimiento alarmante. La muerte de 50 políticos en apenas tres meses es una señal de que el país está lejos de la pacificación prometida por Morena. Mientras el crimen organizado gana terreno, la ciudadanía se pregunta cuánto más tendrá que empeorar la situación antes de que se tomen acciones efectivas.
Este panorama pone en jaque la credibilidad del gobierno federal y su capacidad para proteger a quienes representan la democracia en México. La violencia política no solo cobra vidas, sino que amenaza con socavar la confianza en las instituciones. En un año electoral, el mensaje es claro: participar en política en México es, cada vez más, una actividad de alto riesgo.