En Chihuahua, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) está bajo fuego tras revelarse que, en lo que va de 2025, se han acumulado 219 quejas formales en su contra. Los ciudadanos han denunciado irregularidades en la atención a sus reclamos, particularmente relacionados con cobros excesivos por servicios básicos como el gas natural.
La información, obtenida a través de una solicitud de transparencia, señala que las quejas se concentran en la falta de respuesta oportuna por parte de la dependencia federal. Usuarios han expresado su frustración ante la inacción de PROFECO frente a empresas como Ecogas, que ha sido señalada por facturaciones desproporcionadas que afectan el bolsillo de miles de familias.
Según los datos, de las 219 quejas, la mayoría proviene de la capital del estado, Chihuahua, donde los consumidores han reportado cobros que duplican o triplican sus consumos habituales. Esta situación ha generado un creciente descontento, ya que los ciudadanos esperaban una intervención más enérgica de la institución encargada de proteger sus derechos.
Las críticas también apuntan a una aparente falta de coordinación entre PROFECO y otras instancias federales. Los denunciantes aseguran que, en muchos casos, sus quejas son enviadas de una oficina a otra sin que se resuelvan, lo que prolonga la incertidumbre y el impacto económico en los hogares afectados.
Funcionarios de PROFECO han reconocido la problemática, pero hasta el momento no han proporcionado cifras exactas sobre el número de casos resueltos. En respuesta, han asegurado que las puertas de la dependencia están abiertas para atender a los usuarios, aunque esta declaración no ha calmado el malestar general.
El caso de Ecogas no es nuevo. Desde hace meses, los habitantes de Chihuahua han señalado a la empresa por prácticas abusivas, pero las soluciones parecen estar lejos. La acumulación de quejas contra PROFECO pone en duda su capacidad para hacer frente a estos conflictos y proteger a los consumidores.
Organizaciones civiles han comenzado a alzar la voz, exigiendo una auditoría a la actuación de PROFECO en el estado. Argumentan que la falta de resultados concretos refleja una crisis más profunda en las instituciones federales, que parecen estar más enfocadas en la burocracia que en dar respuestas reales a la ciudadanía.
Mientras tanto, los consumidores afectados siguen esperando justicia. La situación en Chihuahua pone en evidencia las fallas de un sistema que, en teoría, debería defender los derechos de los más vulnerables, pero que en la práctica deja a muchos sin soluciones claras.
La presión sobre PROFECO crece, y con ella las preguntas sobre el rumbo de las políticas federales en materia de protección al consumidor. En un contexto donde la confianza en las instituciones está en juego, este caso podría ser un punto de inflexión para exigir mayor transparencia y eficacia.
Por ahora, las 219 quejas son solo la punta del iceberg de un problema que amenaza con escalar. Los ciudadanos de Chihuahua, cansados de promesas vacías, esperan que las autoridades federales tomen cartas en el asunto antes de que la situación se salga de control.