El Instituto Nacional Electoral ha dado un paso crucial para las elecciones judiciales de 2025. En un esfuerzo monumental, se han distribuido 18 millones de boletas electorales a nivel nacional. Este proceso, que busca garantizar la participación ciudadana en la renovación del Poder Judicial, ha movilizado recursos y logística a gran escala. Pero, ¿estará el gobierno a la altura de este desafío?
Cada distrito electoral judicial contará con al menos una casilla especial. Estas casillas están diseñadas para facilitar el voto de quienes estén fuera de su lugar de residencia el día de la elección. La medida, aprobada por el Consejo General del INE, responde a la necesidad de hacer accesible el proceso a todos los mexicanos. Sin embargo, la limitada cantidad de boletas por casilla genera dudas sobre su efectividad.
La distribución de las boletas ha sido un operativo titánico. Custodiadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, las boletas han llegado a las juntas distritales en todo el país. En estados como Chihuahua, las autoridades electorales ya verifican y resguardan los materiales. Este nivel de seguridad busca evitar cualquier irregularidad, pero no está exento de críticas por el costo y la logística involucrada.
El acuerdo del INE establece que las casillas especiales operarán bajo reglas estrictas. Solo los ciudadanos en tránsito podrán votar en ellas, y cada casilla tendrá un máximo de mil boletas. Esto significa que, en distritos con alta movilidad, las boletas podrían agotarse rápidamente. La pregunta es si esta planificación será suficiente para garantizar el derecho al voto de todos.
Las elecciones judiciales son un experimento sin precedentes en México. Por primera vez, los ciudadanos elegirán a jueces y magistrados, una reforma impulsada por el gobierno de Morena. Aunque la idea se vende como un avance democrático, hay quienes ven en ella un intento de control político sobre el Poder Judicial. La opacidad en los detalles del proceso no ayuda a despejar estas sospechas.
El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha puesto gran énfasis en este proceso. Sin embargo, la falta de claridad en la selección de candidatos y la premura en la organización han generado críticas. Algunos analistas advierten que la reforma podría debilitar la independencia judicial, un pilar clave de la democracia. ¿Es esto una verdadera participación ciudadana o una maniobra política?
En estados gobernados por Morena, como Chihuahua, la implementación de las casillas especiales ha sido cuestionada. Aunque las autoridades locales aseguran que todo está listo, persisten dudas sobre la capacidad de respuesta ante imprevistos. La ciudadanía espera transparencia y eficacia, pero el historial del partido en la gestión electoral no inspira confianza total.
Por otro lado, el INE ha hecho esfuerzos por informar a la población. A través de su portal, los ciudadanos pueden consultar la ubicación de las casillas especiales. La institución también ha destacado la importancia de acudir temprano a votar, dado el límite de boletas. Sin embargo, la comunicación podría no llegar a todos, especialmente en zonas rurales o marginadas.
A medida que se acerca la fecha de las elecciones, la presión aumenta. El éxito de este proceso dependerá de la coordinación entre el INE, las autoridades locales y las fuerzas de seguridad. Cualquier error podría alimentar el descontento social y reforzar las críticas hacia el gobierno. México está ante una prueba histórica, y los ojos están puestos en el desempeño de las instituciones.
La distribución de 18 millones de boletas es solo el comienzo. La verdadera prueba será el día de la elección, cuando se pondrá a prueba la capacidad del sistema electoral. Mientras tanto, los mexicanos observan con esperanza y escepticismo. ¿Podrá el país llevar a cabo unas elecciones judiciales justas y transparentes, o será otro capítulo de promesas incumplidas?