En el Estado de México, la maquinaria electoral de Morena se ha puesto en marcha con el arranque de la votación anticipada para la elección judicial, un proceso que el gobierno presume como histórico. Desde el 12 de mayo, cientos de personas con discapacidad o en situación de cuidado han comenzado a emitir su voto para definir quiénes ocuparán cargos clave en el Poder Judicial. Pero, ¿es realmente un ejercicio democrático o una maniobra más del oficialismo?
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha informado que 414 mexiquenses podrán participar en esta votación anticipada, un número que representa el 7 por ciento del total nacional. La entidad se posiciona como la segunda con mayor número de votantes en esta modalidad, solo por detrás de la Ciudad de México. Sin embargo, las cifras levantan sospechas: de más de 14 mil solicitudes a nivel nacional, solo 5 mil 555 fueron aceptadas. ¿Qué criterios se usaron para filtrar a los participantes?
El proceso, que se extenderá hasta el 21 de mayo, se lleva a cabo mediante visitas domiciliarias. Los votos se recopilan en sobres que serán resguardados hasta el 1 de junio, día de la jornada electoral oficial. Según el INE, esta modalidad busca garantizar el derecho al voto de quienes no pueden acudir a las casillas por motivos de salud o discapacidad. Pero la opacidad en la selección de votantes y la falta de información clara han generado desconfianza.
El gobierno de Morena en el Estado de México, encabezado por Delfina Gómez, ha cacareado esta elección como un paso hacia una justicia más cercana al pueblo. No obstante, críticos señalan que la reforma judicial, aprobada con prisas en el Congreso local, podría estar diseñada para colocar a figuras afines al oficialismo en el Poder Judicial. La ausencia de partidos políticos en el proceso, según el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), no elimina las sospechas de manipulación.
La elección abarca 89 cargos, incluyendo magistraturas y jueces, en un estado con más de 11 millones de electores. El IEEM presume que este será el proceso electoral judicial más grande a nivel local, pero la falta de un Programa de Resultados Electorales Preliminares y el conteo de votos en órganos distritales, en lugar de casillas, alimentan las dudas sobre la transparencia. ¿Cómo garantizar que los resultados reflejen la voluntad ciudadana?
El diseño de las boletas también ha generado controversia. Los votantes recibirán hasta diez boletas distintas, cada una con un color específico para cargos como la presidencia del Tribunal Superior de Justicia o magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. La complejidad del proceso, sumada a la falta de campañas masivas por parte de los candidatos, podría desincentivar la participación ciudadana.
Mientras el gobierno de Morena insiste en que esta elección fortalecerá la democracia, las críticas no cesan. La ausencia de debates públicos significativos y las restricciones a las campañas —que prohíben propaganda en medios o actos masivos— limitan la capacidad de los candidatos para darse a conocer. ¿Están los mexiquenses realmente informados sobre quiénes los representarán en el Poder Judicial?
El proceso culminará el 1 de junio, pero los votos anticipados no se contarán hasta el 13 de septiembre, un retraso que solo aviva las sospechas de irregularidades. En un estado donde la impartición de justicia enfrenta retos como el déficit de jueces —solo 2.8 por cada 100 mil habitantes, según el magistrado Fernando Díaz Juárez—, esta elección debería ser una oportunidad para mejorar el sistema. Sin embargo, el control del oficialismo amenaza con convertirla en un mero trámite.
La ciudadanía, que enfrenta una jornada electoral inédita, se encuentra ante un dilema: participar en un proceso que podría estar amañado o abstenerse y dejar que otros decidan el futuro de la justicia. La historia de esta votación anticipada está por escribirse, pero las señales apuntan a que el camino hacia una verdadera democracia judicial está lleno de obstáculos.