En México, las autoridades laborales están en alerta para garantizar que los trabajadores reciban el reparto de utilidades en las fechas establecidas por la ley. Este derecho constitucional, que permite a los empleados participar en las ganancias de las empresas, es una obligación para los patrones que reportaron beneficios en el ejercicio fiscal 2024. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha intensificado las inspecciones para asegurar que se cumpla con esta prestación.
El plazo para que las empresas, consideradas personas morales, paguen las utilidades es el 30 de mayo. Para los patrones que operan como personas físicas, la fecha límite se extiende hasta el 29 de junio. Estas fechas son cruciales, ya que el incumplimiento puede generar sanciones económicas significativas para los empleadores, además de reclamaciones legales por parte de los trabajadores.
El reparto de utilidades beneficia a quienes hayan trabajado al menos 60 días durante el año fiscal, sin importar si su contrato fue temporal o si ya no laboran en la empresa. Este derecho busca reconocer la contribución de los empleados al éxito económico de las compañías, promoviendo una distribución más equitativa de las ganancias generadas.
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ofrece asesoría gratuita a los trabajadores que no reciban sus utilidades o que consideren que el pago fue incompleto. Los empleados tienen un año, a partir del día siguiente a la fecha límite, para presentar una queja formal y exigir el cumplimiento de esta obligación patronal.
Las inspecciones laborales se han incrementado en los últimos meses, con más de mil verificaciones realizadas desde junio del año pasado. Estas acciones buscan detectar irregularidades y garantizar que las empresas cumplan con la entrega de esta prestación, que representa un ingreso adicional para millones de trabajadores mexicanos.
Sin embargo, no todas las empresas están obligadas a repartir utilidades. Están exentas las compañías de nueva creación durante su primer año, las instituciones de asistencia privada sin fines de lucro y las organizaciones públicas como el IMSS. Esto genera debate, ya que algunos trabajadores quedan fuera de este beneficio.
El cálculo de las utilidades se basa en el 10 por ciento de las ganancias netas de la empresa, divididas en dos partes: una se reparte según los días trabajados y la otra en proporción al salario percibido. Este mecanismo, aunque claro en la ley, a veces genera confusión entre los empleados, quienes pueden solicitar a sus empleadores un desglose detallado.
El reparto de utilidades es un pilar de la justicia laboral en México, pero su cumplimiento sigue siendo un desafío. Las autoridades han reiterado su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores, mientras que los empleados son exhortados a estar atentos a las fechas y a conocer sus derechos para evitar abusos.