En el Palacio de Justicia de Monterrey, Nuevo León, se desató un ambiente de alta tensión con el inicio de una nueva audiencia contra Damazo “N”, exentrenador de gimnasia acusado de presuntos delitos de abuso sexual contra menores. La jornada estuvo marcada por protestas tanto a favor como en contra del imputado, lo que evidenció la polarización que este caso ha generado en la sociedad.
Desde temprana hora, gimnastas, familiares y activistas se congregaron en la explanada del edificio ubicado en la avenida Aztlán. Los manifestantes en contra de Damazo “N” exigieron justicia para las víctimas, portando pancartas y gritando consignas que denunciaban la gravedad de los hechos. Según las autoridades, el exentrenador enfrenta múltiples denuncias, sumando al menos 16 acusaciones por abuso sexual.
Por otro lado, un grupo de personas mostró su apoyo al acusado, lo que provocó enfrentamientos verbales con los manifestantes opositores. Los seguidores de Damazo “N” argumentaron que las acusaciones carecen de pruebas sólidas y pidieron un proceso justo. Esta división ha encendido el debate público sobre la credibilidad de las denuncias y la actuación de las autoridades.
Damazo “N”, quien trabajaba como instructor en la Asociación Gimnástica del Estado (AGENL) y en el gimnasio Klass, fue detenido el pasado 25 de abril tras una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Las acusaciones señalan que los presuntos abusos ocurrieron en el gimnasio de su familia, un lugar que ya había sido intervenido por las autoridades, decomisando equipos electrónicos como parte de la investigación.
La audiencia, que había sido pospuesta en tres ocasiones previas debido a cambios en la defensa del acusado, finalmente avanzó con la imputación por delitos de violación equiparable y atentados al pudor. La Fiscalía asignó un abogado de oficio para evitar más retrasos, una decisión que generó críticas entre los seguidores del exentrenador, quienes consideran que se está vulnerando su derecho a una defensa adecuada.
Alejandro Romano, abogado de las víctimas, expresó confianza en que el proceso culmine con una vinculación a proceso, asegurando que existen suficientes elementos para demostrar la culpabilidad del acusado. Por su parte, Gerardo Rincón Flores, representante de Damazo “N”, insistió en la inocencia de su cliente y afirmó que presentarán pruebas para desmentir las acusaciones.
El caso ha puesto en el centro de la controversia al Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE), que dio de baja al entrenador tras las primeras denuncias en marzo. Las víctimas, algunas de las cuales eran menores de edad al momento de los presuntos hechos, han relatado experiencias traumáticas que han movilizado a la comunidad gimnástica a exigir mayor supervisión en los espacios deportivos.
La presencia policial en el Palacio de Justicia fue notable, con elementos resguardando el acceso para evitar altercados entre los grupos de manifestantes. La audiencia se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad, mientras el público esperaba noticias sobre el rumbo que tomará este caso que ha conmocionado a Nuevo León.
Este proceso judicial ha reavivado la discusión sobre la seguridad de los menores en entornos deportivos y la necesidad de protocolos más estrictos para prevenir abusos. La sociedad regiomontana permanece atenta a las resoluciones que se tomen en las próximas semanas, en un caso que sigue generando indignación y controversia.