La Fiscalía General del Estado de Puebla ha puesto en la mira al alcalde de Cuautempan, Gerardo Cortés Caballero, con una investigación que ha desatado controversia. Propiedades del edil, militante de Morena y el Partido del Trabajo, fueron cateadas por autoridades federales y estatales, un operativo que dejó al descubierto drogas, armas y vehículos. El caso ha generado un torbellino de críticas y preguntas sobre la transparencia en el gobierno municipal.
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, se pronunció al respecto, asegurando que no habrá ni persecución ni impunidad. A pesar de conocer personalmente al alcalde, Armenta insistió en que la ley debe aplicarse con objetividad. Sus declaraciones buscan calmar las aguas, pero el caso sigue levantando sospechas sobre posibles nexos del edil con actividades ilícitas.
Los cateos, realizados en la madrugada del viernes, no solo incluyeron la presidencia municipal de Cuautempan, sino también propiedades personales de Cortés Caballero, como su domicilio y negocios familiares. Incluso una residencia conocida como “Casa de Piedra”, donde viven trabajadores del ayuntamiento, fue revisada. El operativo también llegó a la casa del padre del alcalde, Gerardo Cortés Betancourt, exalcalde del municipio en dos periodos.
La investigación apunta a delitos graves: cobro de piso a comerciantes, robo de mercancías a transportistas y distribución de drogas. Según fuentes, los comerciantes de la zona pagaban entre 200 y 500 pesos para poder trabajar, una práctica que habría sido orquestada desde el entorno del edil. Estos señalamientos han encendido las alarmas sobre la presunta infiltración del crimen organizado en el gobierno local.
Cortés Caballero, quien fue reelecto en 2024, solicitó una licencia de 20 días, según confirmó la Secretaría de Gobernación estatal. Esta decisión ha sido interpretada por algunos como un intento de evadir la justicia, ya que el alcalde estaría en calidad de prófugo. La falta de claridad sobre su paradero solo aumenta las dudas sobre su implicación en los hechos.
Alejandro Armenta evitó emitir juicios definitivos, dejando en manos de la Fiscalía la resolución del caso. Sin embargo, su mensaje fue claro: en Puebla, nadie está por encima de la ley. El gobernador destacó que las autoridades ministeriales son las responsables de esclarecer los hechos, un proceso que, según él, demostrará que no hay espacio para la impunidad en el estado.
El caso de Cuautempan no es aislado. En Puebla, otros ediles han sido vinculados al crimen organizado, lo que pone en entredicho la selección de candidatos por parte de Morena. La detención reciente de la hija de un exalcalde de Amozoc, relacionada con una banda criminal, refuerza la percepción de que el problema es más profundo de lo que parece.
Mientras la investigación avanza, la población de Cuautempan espera respuestas. Los hallazgos en los cateos han generado indignación entre los habitantes, quienes exigen que se castigue a los responsables. La presión sobre el gobierno estatal crece, y el desenlace de este caso podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción y el crimen en los municipios.
La postura de Armenta, aunque mesurada, no logra disipar las críticas hacia su administración. La cercanía de Morena con figuras cuestionadas pone en riesgo la credibilidad del partido en Puebla. Por ahora, la Fiscalía tiene la última palabra, y los ojos están puestos en si habrá justicia o si el caso quedará en el olvido.