El expresidente de Bolivia, Evo Morales, está organizando una marcha masiva hacia La Paz para presionar por la inscripción de su candidatura presidencial para las elecciones de 2025, a pesar de no contar aún con un partido político que lo respalde. La movilización, que busca desafiar las restricciones legales y políticas en su contra, refleja la persistencia del líder indígena en su intento por regresar al poder.
Morales, quien gobernó Bolivia de 2006 a 2019, ha enfrentado múltiples obstáculos para su candidatura. Un fallo del Tribunal Constitucional de Bolivia estableció que los presidentes no pueden tener más de dos mandatos, consecutivos o no, lo que le impide postularse nuevamente. Este dictamen ha sido calificado por Morales y sus seguidores como una maniobra política para excluirlo de la contienda electoral.
La marcha, que partirá desde el Trópico de Cochabamba, bastión político de Morales, busca llegar a la sede del gobierno en La Paz para exigir que se respete su derecho a participar en las elecciones. Los simpatizantes del exmandatario sostienen que la movilización es una respuesta a la persecución política que, según ellos, ejerce el actual presidente Luis Arce, antiguo aliado de Morales.
La relación entre Morales y Arce, ambos del Movimiento al Socialismo (MAS), se ha deteriorado en los últimos años, generando una profunda división dentro del partido. Mientras Arce busca consolidar su liderazgo, Morales insiste en que es el candidato legítimo para representar al MAS en 2025, a pesar de que el partido aún no ha definido su postura oficial.
El exmandatario ha enfrentado también acusaciones legales que complican su situación. En Bolivia, se le investiga por presuntos delitos de trata de personas y estupro, mientras que en Argentina enfrenta una investigación penal por similares cargos. Morales ha negado todas las acusaciones, calificándolas como intentos de desprestigiarlo y bloquear su carrera política.
A pesar de estas dificultades, Morales mantiene un fuerte respaldo entre sectores indígenas y campesinos, especialmente en regiones como Cochabamba y el Chapare. Sus seguidores ven en él un símbolo de resistencia frente a lo que consideran un sistema político corrupto y excluyente, dispuesto a impedir su retorno al poder.
La marcha propuesta por Morales no solo busca presionar al Tribunal Electoral, sino también enviar un mensaje al gobierno de Arce y a la oposición. Los organizadores esperan que miles de personas se unan a la movilización, lo que podría generar tensiones en un país ya polarizado por la crisis económica y la escasez de combustible.
El panorama político en Bolivia se torna cada vez más complejo a medida que se acercan las elecciones de agosto de 2025. La oposición, encabezada por figuras como Carlos Mesa y Jorge Quiroga, intenta unirse para aprovechar la división del MAS, pero aún no logra consolidar una candidatura única.
Morales, por su parte, parece decidido a desafiar todas las barreras legales y políticas. Su capacidad para movilizar a las masas será clave para determinar si logra inscribir su candidatura, ya sea con el MAS o con un nuevo partido que aún no ha sido definido.
El futuro de Bolivia pende de un hilo, con Morales como protagonista de una batalla que combina política, justicia y movilización social. Las próximas semanas serán cruciales para definir si el exmandatario logra su objetivo o si el sistema político boliviano cierra definitivamente la puerta a su regreso.