En un nuevo capítulo del caso que ha conmocionado a Monterrey, el estudiante conocido como Rudy, presunta víctima de abuso sexual en el Tecmilenio Campus Las Torres, fue impedido de ingresar al plantel el pasado 9 de mayo. Acompañado de sus padres, el joven de 16 años buscaba retomar sus clases presenciales, pero la institución le negó el acceso sin ofrecer una explicación clara, según denunciaron sus familiares.
El caso de Rudy, un estudiante con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), se remonta al 11 de marzo, cuando presuntamente fue agredido sexualmente por cinco compañeros en un baño del campus. Desde entonces, la comunidad estudiantil y los padres de familia han exigido justicia, señalando fallas en los protocolos de la institución para atender este tipo de incidentes.
Tecmilenio emitió un comunicado justificando su decisión de restringir el acceso de Rudy, argumentando que busca “garantizar la seguridad y el bienestar de toda la comunidad estudiantil”. Sin embargo, esta explicación ha generado más preguntas que respuestas, ya que no se especificaron las razones concretas para impedirle al joven continuar con sus estudios presenciales.
La familia de Rudy ha calificado la actuación del Tecmilenio como “deplorable”, afirmando que la institución no les informó oportunamente sobre la agresión y que ha manejado el caso sin seguir los protocolos adecuados de atención a víctimas de violencia. Incluso han desmentido versiones de la escuela que aseguraban haber contactado a los padres desde el primer momento.
El caso ha desatado una ola de indignación en redes sociales, donde estudiantes y ciudadanos han reactivado el hashtag #JusticiaParaRudy. En marzo, protestas masivas en el campus Las Torres exigieron la expulsión de los presuntos agresores, pero hasta la fecha, la institución no ha tomado medidas definitivas contra ellos, según reportes.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León continúa investigando el caso, analizando videos de vigilancia y pruebas científicas para esclarecer los hechos. Además, se indaga si hubo encubrimiento por parte del personal del Tecmilenio, ya que el baño donde ocurrió el presunto abuso fue limpiado antes de la llegada de los peritos, lo que podría constituir un delito.
La falta de claridad en las acciones de Tecmilenio ha llevado a los padres de familia a exigir reformas en los protocolos de seguridad. Aunque la institución prometió incrementar el personal de vigilancia y instalar botones de alarma, representantes estudiantiles aseguran que estas medidas aún no se han implementado por completo.
El caso de Rudy no solo pone en entredicho la respuesta de Tecmilenio ante situaciones de violencia, sino que también refleja un problema más amplio en las instituciones educativas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 28% de los estudiantes en México ha enfrentado algún tipo de violencia escolar, un dato que resuena con fuerza en este contexto.
Mientras la investigación avanza, la comunidad estudiantil y los padres de Rudy mantienen la presión para que se haga justicia y se garantice un entorno seguro en el campus. La negativa de Tecmilenio a permitir el ingreso del joven ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de las escuelas en la protección de sus alumnos.
Este caso sigue siendo un recordatorio de los retos que enfrentan las instituciones educativas para prevenir y atender la violencia en sus instalaciones. La historia de Rudy, lejos de concluir, continúa generando cuestionamientos sobre la transparencia y el compromiso de Tecmilenio con sus estudiantes.