A partir del próximo mes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos comenzarán a expulsar a soldados transgénero, según un memorando reciente del Pentágono. Esta medida, impulsada por la administración de Donald Trump, marca un cambio drástico en las políticas de inclusión militar y ha desatado una fuerte controversia en el país.
La decisión se basa en una orden ejecutiva firmada por Trump en enero de 2025, que argumenta que la disforia de género es incompatible con los estándares de preparación y disciplina militar. El memorando establece que los militares con diagnóstico de disforia de género serán separados del servicio, salvo que obtengan una exención especial.
Las exenciones, sin embargo, serán difíciles de conseguir. Los soldados transgénero deberán demostrar 36 meses de estabilidad en su sexo asignado al nacer y comprometerse a no iniciar procesos de transición. Además, deben cumplir con los estándares asociados a su sexo biológico, lo que muchos consideran una barrera casi insuperable.
A finales de 2024, se estimaba que 4,240 personas con disforia de género servían en las Fuerzas Armadas estadounidenses. La expulsión de estos soldados podría generar vacíos operativos, ya que muchos ocupan roles especializados que requieren años de entrenamiento. Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el impacto en la moral y la cohesión militar.
La política revierte los avances logrados durante la administración de Joe Biden, quien en 2021 permitió que las personas transgénero sirvieran abiertamente. Durante el primer mandato de Trump, ya se había impuesto una prohibición parcial, pero la nueva medida es aún más estricta, exigiendo la salida de los soldados en activo.
Grupos como SPARTA Pride, que defienden los derechos de los militares transgénero, han calificado la medida como una “purga” discriminatoria. Argumentan que los soldados transgénero han servido con distinción y que su expulsión debilitará la capacidad operativa del ejército en un momento de crecientes desafíos globales.
La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó la prohibición en mayo de 2025, al anular un bloqueo judicial previo. Esto permitió al Pentágono fijar plazos concretos: los soldados en servicio activo tienen hasta el 6 de junio para solicitar una separación voluntaria, mientras que los reservistas tienen hasta el 7 de julio.
Críticos de la medida señalan que la exclusión de personas transgénero no solo afecta a los soldados, sino que también envía un mensaje de intolerancia. Por otro lado, defensores de la política, como el secretario de Defensa Pete Hegseth, sostienen que la prioridad es garantizar la preparación militar y eliminar distracciones ideológicas.
El debate sobre la inclusión en las Fuerzas Armadas está lejos de terminar. Mientras algunos celebran la decisión como un retorno a la disciplina tradicional, otros la ven como un retroceso en los derechos humanos. Lo cierto es que miles de soldados enfrentan ahora un futuro incierto.
Esta polémica decisión se suma a otros cambios impulsados por la administración Trump, que busca redefinir las prioridades del ejército estadounidense. El impacto de estas expulsiones se sentirá no solo en las filas militares, sino en la sociedad que observa cómo se redefine el concepto de servicio en uno de los ejércitos más poderosos del mundo.