El gobierno federal ha decidido suspender la entrega de información relacionada con los gastos y contrataciones del ahora desaparecido Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Esta medida, tomada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, levanta sospechas sobre la transparencia que tanto presume la actual administración.
Tras la extinción del INAI en marzo de 2025, la Secretaría Anticorrupción asumió las funciones de acceso a la información. Sin embargo, la decisión de pausar la entrega de datos sobre cómo se manejaron los recursos del organismo ha generado críticas. Muchos se preguntan qué se intenta ocultar con esta maniobra.
La información bloqueada incluye detalles sobre contratos, gastos operativos y viáticos del INAI, datos que antes eran accesibles para los ciudadanos. Esta acción se produce en un contexto donde la transparencia gubernamental está bajo escrutinio, especialmente tras las acusaciones de opacidad en otras dependencias federales.
Organizaciones civiles y expertos en transparencia han alzado la voz, señalando que esta pausa podría ser un paso más hacia el control absoluto de la información pública. La falta de claridad en el manejo de datos sensibles refuerza la percepción de que el gobierno busca evitar rendir cuentas.
El INAI, antes de su desaparición, enfrentó señalamientos por irregularidades, como el uso indebido de tarjetas de crédito por parte de algunos comisionados. Sin embargo, suspender el acceso a esta información no resuelve las dudas, sino que las incrementa. ¿Por qué ocultar lo que debería ser público?
La Secretaría Anticorrupción justificó la medida como parte de un proceso de transición tras la absorción del INAI. No obstante, no se ha establecido una fecha clara para reanudar la entrega de información, lo que alimenta las sospechas de un encubrimiento deliberado.
Este movimiento se suma a otras decisiones controversiales del gobierno federal, como la sustitución de Compranet por Compras MX, una plataforma que, según críticos, podría facilitar la discrecionalidad en las contrataciones públicas. La transparencia, lejos de fortalecerse, parece debilitarse.
Mientras el discurso oficial insiste en una supuesta austeridad y lucha contra la corrupción, acciones como esta generan desconfianza. La ciudadanía merece saber cómo se gastan los recursos públicos, especialmente en un organismo que fue clave para garantizar el derecho a la información.
La pausa en la entrega de datos del INAI no es un hecho aislado. Forma parte de un patrón que incluye recortes a organismos autónomos y restricciones al acceso a información sensible. El mensaje parece claro: menos transparencia, más control.
A seis meses de la administración de Claudia Sheinbaum, estas decisiones refuerzan la percepción de un gobierno que, lejos de abrirse al escrutinio, prefiere operar en la opacidad. La pregunta sigue en el aire: ¿qué oculta el gobierno federal?