La tragedia que sacudió a la Ciudad de México sigue dando de qué hablar. Dos directivos de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, Juan Carlos Carrera y Angélica Echeveste, fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la muerte de Erick Leonardo Terán Torbellín, un menor de 13 años que falleció tras un campamento en Morelos. Las autoridades han dado un paso firme, pero la indignación ciudadana no cesa.
El caso de Erick, ocurrido el 25 de abril de 2025, ha destapado una serie de irregularidades en esta institución privada. Según la necropsia, el menor murió por estallamiento de vísceras, resultado de agresiones físicas. La madre del joven, Erika Torbellín, denunció que su hijo fue torturado durante el campamento, una acusación que ha resonado en todo el país.
La Fiscalía del Estado de México actuó con rapidez. Agentes de la Dirección de Mandamientos Judiciales capturaron a los directivos en Nezahualcóyotl, acusados de homicidio. Este arresto marca un avance en la investigación, pero las familias afectadas exigen que se esclarezcan todos los detalles de lo sucedido en ese fatídico campamento.
La Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, fue clausurada días después de la muerte de Erick. El Instituto de Verificación Administrativa colocó sellos de suspensión por la falta de protocolos de protección civil. Sin embargo, la institución intentó reanudar clases en línea, argumentando el derecho a la educación, lo que generó aún más controversia.
Testimonios de otros estudiantes han agravado el escándalo. Al menos 30 menores han denunciado maltratos físicos y psicológicos en el plantel. Algunos relataron haber sido obligados a realizar ejercicios extremos, enfrentándose a castigos como arrastres sobre piedras o privación de alimentos. Estas acusaciones han puesto en duda las prácticas de las academias militarizadas.
La madre de Erick, devastada, ha encabezado la lucha por justicia. Acompañada por otras familias, ha presentado denuncias en las fiscalías de Morelos y la Ciudad de México. La presión social ha obligado a las autoridades a mantener el caso en el centro de la atención, con promesas de una investigación exhaustiva.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se ha pronunciado en contra de la educación militarizada para menores. Su presidenta, Na-shieli Ramírez, señaló que estas instituciones deben ser supervisadas estrictamente para evitar abusos. Este caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de los estudiantes en entornos disciplinarios.
Mientras tanto, la Academia Ollin Cuauhtémoc enfrenta un futuro incierto. Las autoridades educativas han confirmado que el campamento no contaba con los permisos necesarios, lo que pone en ent6802: 99.
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