En un nuevo capítulo que sacude a Jalisco, José Ascensión Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, ha sido vinculado a proceso por graves delitos. La Fiscalía General de la República lo señala por su presunta complicidad con el Cártel Jalisco Nueva Generación en el caso del rancho Izaguirre, un lugar que ha destapado horrores ligados al crimen organizado.
El edil, perteneciente a Movimiento Ciudadano, enfrenta cargos por delincuencia organizada y omisión. Según las autoridades, Murguía no solo estaba al tanto de las actividades ilícitas en el rancho, sino que habría permitido su operación a cambio de pagos mensuales. Testimonios de víctimas aseguran que el alcalde jugó un papel activo, colaborando con criminales.
El rancho Izaguirre, ubicado en la comunidad de La Estanzuela, fue identificado como un centro de reclutamiento y adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación. En septiembre de 2024, la Guardia Nacional intervino el lugar, deteniendo a 10 personas y rescatando a dos víctimas. Sin embargo, las investigaciones revelaron que el predio también funcionaba como un sitio de desapariciones y ejecuciones.
La detención de Murguía se llevó a cabo el pasado 3 de mayo, tras una orden de aprehensión emitida en marzo que, sorprendentemente, no había sido ejecutada por las autoridades locales. La Fiscalía General de la República actuó de manera sigilosa, trasladando al alcalde a la Ciudad de México antes de regresarlo a Jalisco para su audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Puente Grande.
Durante la audiencia, se presentaron testimonios escalofriantes. Víctimas relataron cómo eran reclutadas a la fuerza y llevadas al rancho, donde sufrían explotación y violencia. Según las acusaciones, Murguía recibía 70 mil pesos mensuales por permitir estas atrocidades y hasta proporcionaba policías municipales para apoyar las operaciones del cártel.
El caso ha generado críticas hacia las autoridades locales y estatales. Organizaciones como Guerreros Buscadores de Jalisco han denunciado omisiones en la vigilancia del rancho, que quedó desprotegido tras su intervención inicial. En marzo de 2025, el colectivo encontró restos óseos y evidencias de crematorios clandestinos, lo que intensificó la presión sobre las autoridades.
El gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus, ha pedido que la investigación sea imparcial y sin tintes políticos. Sin embargo, la detención de un alcalde cercano al partido en el poder levanta sospechas sobre posibles nexos más amplios entre autoridades y el crimen organizado en la región.
Murguía permanece en prisión preventiva mientras se define su situación jurídica. Su defensa solicitó un plazo de 144 horas para preparar su estrategia, pero las pruebas presentadas por la fiscalía, incluyendo testimonios y evidencias, complican su panorama. El caso sigue abierto, y se espera que nuevas revelaciones sigan estremeciendo a Teuchitlán.
Este escándalo pone en el reflector la fragilidad de la seguridad en municipios de Jalisco. La sociedad exige respuestas claras y justicia para las víctimas del rancho Izaguirre, mientras el caso de Murguía se convierte en un símbolo de los retos que enfrenta el estado frente al crimen organizado.
La investigación continúa, y la atención está puesta en si otros funcionarios podrían estar involucrados. Por ahora, Teuchitlán vive un momento de incertidumbre, con un alcalde en prisión y un municipio que busca recuperar la confianza en sus autoridades.