En un nuevo capítulo de irregularidades, la alcaldesa de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Ábrego, ha sido señalada por mentir descaradamente sobre el desalojo de las oficinas de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia (FEM). En un video que circula en redes sociales, la presidenta municipal negó que su administración haya despojado al personal de este espacio, afirmando incluso que siguen trabajando allí.
Sin embargo, la fiscal Wendy Chávez Villanueva desmintió rotundamente la versión de la alcaldesa. Según Chávez, el personal del Ayuntamiento exigió la salida de la FEM, argumentando que no había evidencia de un comodato para el uso de las instalaciones. Este hecho contradice un acuerdo de Cabildo del 22 de junio del año pasado, que aprobó la entrega de las oficinas en comodato, según un documento oficial con sellos institucionales.
Las oficinas, ubicadas estratégicamente junto a la Presidencia Municipal, en la avenida Benito Juárez, eran un espacio clave para atender a mujeres víctimas de violencia en un municipio donde la Alerta de Violencia de Género está activa. La fiscal destacó que el desalojo no fue un hecho aislado, sino la culminación de varias acciones hostiles por parte del gobierno municipal, como la prohibición de usar los sanitarios y el corte de luz en el área de trabajo.
El viernes pasado, el personal de la FEM recibió la orden de abandonar el lugar, y para el lunes, las condiciones eran insostenibles debido a la falta de electricidad. Esto hace imposible que, como afirmó González Ábrego, el personal siga laborando en esas oficinas. La alcaldesa, acompañada de su secretario del Ayuntamiento, Édgar Luna, también aprovechó el video para desmentir rumores sobre su supuesta desaparición, asegurando que están “trabajando en territorio”.
La gravedad del caso radica en que Guadalupe y Calvo es uno de los cinco municipios de Chihuahua con Alerta de Violencia de Género, donde los delitos contra mujeres y familias son una problemática constante. La decisión de la alcaldesa no solo viola un acuerdo legal, sino que afecta directamente a las víctimas que dependían de la atención integral que brindaban la FEM, el DIF y la Dirección de Seguridad Pública Municipal en un mismo espacio.
Wendy Chávez señaló que la FEM no abandonará a la población y ya busca un nuevo lugar para reubicar a sus tres agentes del Ministerio Público que trabajaban en las oficinas desalojadas. Sin embargo, la fiscal lamentó la falta de colaboración del gobierno municipal, que está obligado a apoyar estas acciones bajo los lineamientos de la Alerta de Violencia de Género.
Por su parte, la alcaldesa no ha ofrecido ninguna explicación clara sobre los motivos de su decisión, lo que ha generado críticas incluso dentro de su propio partido, Morena. La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, Brighite Granados, confirmó que no ha podido establecer comunicación con González Ábrego, lo que agrava las sospechas de opacidad en su gestión.
Este caso pone en evidencia una vez más la falta de compromiso de algunos gobiernos locales con la seguridad y los derechos de las mujeres. La acción de la alcaldesa no solo representa un retroceso en la lucha contra la violencia de género, sino que envía un mensaje preocupante en un municipio ya golpeado por la inseguridad y los desafíos sociales.
Mientras las autoridades estatales buscan soluciones para garantizar la continuidad del servicio, la ciudadanía de Guadalupe y Calvo exige respuestas. La alcaldesa, hasta el momento, ha optado por el silencio o las declaraciones engañosas, dejando en el aire la pregunta de por qué se tomó una medida tan perjudicial para las mujeres del municipio.